ALICANTE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide provisionalmente una pena de 5 años de prisión y una multa de 3.600 euros para un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería y Documentación de la comisaría provincial de Alicante acusado de cobrar a cambio de la expedición de certificados de número de identificación de extranjeros (NIE).
La misma condena, igualmente por un delito de cohecho continuado, reclama para dos gestores de la comarca de la Vega Baja que supuestamente sobornaban al agente a fin de evitar que sus clientes, ciudadanos europeos con segundas residencias en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela, tuvieran que viajar a España para obtener en persona los citados documentos, como exige actualmente la ley.
El juicio por estos hechos, registrados en 2011 y 2012, se inicia el próximo lunes ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante. Las irregularidades fueron detectadas después de que la responsable de otra gestoría presentase una queja ante la Policía.
La legislación requiere que el ciudadano solicitante de un NIE se presente en persona en comisaría, rellene un formulario y pague una tasa de 9,18 euros. Según la acusación pública, el policía, de 40 años, se concertó con dos gestores para entregarles los documentos de sus clientes extranjeros sin que cumplieran los citados requisitos "a cambio de aproximadamente 50 euros por certificado".
De esta forma, los gestores ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería "la posibilidad de obtener certificados de NIE de forma más rápida de lo habitual". Éstos cobraban por cada documento, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, 100 euros, de los que la mitad era para el policía encausado.
"Durante el periodo referido el funcionario grabó en la aplicación informática Adextrra de comisaría 2.180 certificados con normalidad, y se estima aproximadamente en 270 los NIE que grabó irregularmente", sostiene el fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, Javier Romero, que asistirá al juicio.
El agente fue arrestado en su puesto de trabajo el 27 de marzo de 2012. En una mochila de su propiedad se localizó dos formularios de solicitud de NIE y un folio con el número de teléfono de otra acusada. Mientras tanto, en el registro de su domicilio, ubicado en Aspe, se hallaron, escondidos en la funda de un arma, 9.550 euros procedentes, presuntamente, de las "ganancias por su actividad ilícita".
Por su parte, al otro acusado se le intervino una carpeta con documentación y un sobre con tres certificados que el agente le acababa de entregar en un bar situado frente a la comisaría provincial de Alicante. La Policía también se incautó de documentación relativa a la obtención de NIE en su casa de Torrevieja y su vivienda de Torrevieja.
En su declaración ante el juzgado que instruyó esta causa, el policía acusado admitió las irregularidades en la expedición de los documentos a extranjeros que no se personaron en la comisaría, pero negó que hubiera cobrado por ello, según fuentes del ministerio público.
