VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha asignado las primeras 25 viviendas protegidas en varios municipios de la Comunitat Valenciana tras la aplicación de los nuevos criterios sociales que priorizan a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos, víctimas de violencia machista o familias que han perdido su casa en un desahucio.
De las 25 viviendas asignadas con criterios sociales, nueve corresponden a la provincia de Alicante, todas en Pilar de la Horadada, y otras 11 a Valencia: siete en Gandia, tres en el centro histórico de València y una en Vilamarxant. En la provincia de Castellón se ha firmado un contrato en una vivienda del Grao de Castellón y otras cuatro en la capital, detalla la Generalitat en un comunicado.
Los colectivos que se han beneficiado en estas adjudicaciones han sido principalmente unidades de convivencia con un menor a su cargo, con algún integrante menor de 35 años y familias con necesidad de vivienda. También se han adjudicado a víctimas de violencia de género, discapacidad y por traslado por motivos laborables.
La titular del EIGE, Helena Beunza, ha destacado que estas adjudicaciones convierten "compromisos en realidades", con el impulso a la vivienda protegida mediante la creación de unos criterios sociales para priorizar el acceso a estos inmuebles. Se publicaron en junio de este año y están recogidos en la Ley por la Función Social de la Vivienda, que obliga a adecuar los procedimientos de adjudicación de viviendas.
Esta normativa establece que, para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos establecidos para residir en una vivienda protegida, se priorizará a los siguientes colectivos: víctimas de violencia de género, personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler, discapacitados, familias con menores a su cargo, residentes en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables y familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos.
La resolución también tiene en cuenta otras situaciones, como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años, así como solicitantes que se vean obligados a desplazarse por motivos laborales. En el caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las solicitudes más antiguas.
Para la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, "la falta de una política en materia de vivienda de gobiernos anteriores puso de manifiesto una gran carencia de planificación en las promociones de vivienda protegida de la Generalitat", de ahí que las medidas impulsadas por el Consell quieran demostrar su "sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables" para "buscar soluciones que den respuesta a unas necesidades sociales que deben ser atendidas".
