Generalitat y Diputación de Alicante exigen al Gobierno que "financie" los proyectos de Vertido Cero

   ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han reclamado al Gobierno de España que "financie" las actuaciones de Vertido Cero en las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia que "aseguren" un "proyecto estratégico tanto para el regadío como para los usos urbanos".

   El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, han trasladado esta idea este lunes, tras mantener una reunión de trabajo con representantes de ayuntamientos y comunidades de regantes afectados por estas actuaciones, según han informado ambas administraciones en sendos comunicados.

   "No podemos renunciar a estas actuaciones. Por ello, pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica que no dé la espalda a los regantes y a los ciudadanos de Alicante. Exigimos que cumpla con su compromiso y con la responsabilidad que le corresponde", ha afirmado Barrachina.

   Y ha añadido: "Se trata de actuaciones de Interés General del Estado, enmarcadas dentro de la Ley 11/2005, que modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, que ya deberían de estar finalizadas y que, sin embargo, no se han ejecutado por la inacción del Gobierno de España, llegando incluso a perderse los fondos europeos asignados para su desarrollo".

   El conseller ha dicho que "este Consell ha estado en todo momento pendiente de que se ejecutaran" las actuaciones: "Elaboramos los proyectos y los trasladamos al Ministerio, hemos mantenido diversas reuniones con los representantes estatales y, en dos ocasiones, incluso nos hemos ofrecido a financiar parte de las obras para facilitar su puesta en marcha".

   "Somos plenamente conscientes de que se trata de actuaciones fundamentales para mejorar la calidad de las aguas de las playas de la Bahía de Alicante, pero también para garantizar recursos hídricos para nuestros regantes. No podemos permitir que el Gobierno de España recorte el agua destinada a nuestros campos y, al mismo tiempo, niegue las inversiones necesarias para generar más recursos", ha apostillado.

"RIESGO"

   Además, Barrachina ha asegurado que "recortar el trasvase Tajo-Segura, no reparar la balsa de San Diego y negar las inversiones en estas depuradoras equivale a poner en riesgo la agricultura de la provincia de Alicante".

   "En esta tierra tenemos claro que cada hectómetro cúbico de agua cuenta, es imprescindible y puede marcar la diferencia entre preservar nuestro paisaje agrícola o avanzar hacia la desertificación", ha aseverado.

   En este sentido, el conseller ha trasladado a regantes y alcaldes en la reunión que el Consell "va a seguir insistiendo" ante el Gobierno de España para que "estas dos actuaciones sean una realidad lo antes posible".

   "Estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo de financiación, porque somos plenamente conscientes de la necesidad de garantizar agua para la agricultura y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de nuestras playas", ha sostenido.

"NUEVO AGRAVIO"

   Por su parte, Pérez ha resaltado que estos "son proyectos cuyo impulso recae, en exclusiva, bajo la responsabilidad de la administración general del Estado y sobre un aspecto ambiental de su competencia".

   "Las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, por la no ejecución de las medidas aprobadas en el plan hidrológico y, como consecuencia, no alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua costera, así como las consecuencias jurídicas (quizás penales) por la no eliminación del vertido conforme a la autorización otorgada, lo que solo se puede lograr mediante la reutilización de las aguas depuradas, será imputable al Estado", ha manifestado el presidente de la Diputación.

   "De no llevarse a cabo estas obras", ha destacado Toni Pérez, "el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso con un proyecto de interés general y sumando un nuevo agravio a la larga lista de desprecios que en materia hídrica viene infringiendo Pedro Sánchez a esta provincia, como los continuos recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura o el abandono de la balsa de San Diego, esencial para el trasvase Júcar-Vinalopó".

   Finalmente, Pérez ha resaltado que en esta reivindicación "la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana están perfectamente alineadas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un trato justo para la provincia de Alicante en materia hídrica".

   La reunión ha contado también con la asistencia de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; la directora general de Agua, Lourdes Pérez, y el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Alicante, Juan Planelles, así como los alcaldes de Agost y Mutxamel, Juan José Castelló y Rafael García Berenguer, respectivamente, y representantes de otros ayuntamientos y comunidades de regantes.

PSPV: "TRES AÑOS SIN MOVER UN DEDO"

   De otro lado, el PSPV de la Diputación ha afeado al Consell que, "después de tres años sin mover un dedo, y a menos de seis meses de perder los fondos Next Generation", quiera "ahora" que "las obras se financien mediante exenciones reservadas para situaciones de catástrofes".

   Así, ha acusado al conseller de haber "utilizado" la institución provincial para "difundir un relato falso" sobre el proyecto Vertido Cero y "tratar de responsabilizar al Gobierno de España de su propia incompetencia en la gestión de los fondos europeos".

   Según un comunicado del grupo socialista, este asunto es "plena competencia de Conselleria ya que esta fue la administración que presentó los fondos Next Generation".

   "El conseller, que ha reconocido por primera vez que van a perder los fondos Next Generation, ha convocado a los alcaldes en la Diputación a la misma hora en que la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación preside en Elche el acto de entrega de las obras de modernización de regadíos a la Comunidad General de Riegos de Levante (Alicante)", ha apuntado.

   A juicio del diputado socialista Raúl Ruiz, esto supone "una contraprogramación deliberada cuyo único objetivo es generar ruido político y ocultar una realidad incontestable", ya que, según ha resaltado, "la Generalitat ha dejado pasar tres años sin resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sin culminar expropiaciones ni poner a disposición los terrenos necesarios, poniendo en riesgo más de 339 millones de euros de inversión y la financiación europea Next Generation que debía justificarse en julio de 2026".

   Ruiz ha asegurado que "la tramitación ambiental y la redacción de los proyectos constructivos dependen exclusivamente de la Conselleria como promotora del proyecto". "Han perdido más de 200 millones de euros; sin DIA, sin expropiaciones y sin adaptación definitiva de los proyectos, no es posible ejecutar las obras ni justificar los fondos europeos", ha argumentado.

   Desde el grupo socialista han sostenido que, "lejos de asumir su responsabilidad, el conseller ha planteado al Ministerio una reformulación de la financiación que supone, de facto, reconocer la renuncia a los fondos Next Generation".

   "El Ministerio para la Transición Ecológica ha reiterado su apoyo a la reutilización del agua regenerada, alineada con el II Plan de Acción de Economía Circular y con la Estrategia Europea de Resiliencia en el ámbito del agua", han sentenciado.