VALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell autorizó en su reunión de hoy a la Abogacía General de la Generalitat para ejercitar la acción popular en el último caso de violencia de género en Castellón, en el que un hombre se encuentra ya en prisión por orden judicial tras ser detenido como presunto autor de la muerte de su ex pareja en una vivienda de la calle Peñagolosa de la ciudad.
El vicepresidente primero del Consell y titular de Presidencia, Vicente Rambla, anunció en la rueda de prensa posterior al pleno que "una vez más, y son cinco en lo que va de año", el Consell decidió personarse en el juicio por un crimen de violencia de género.
Rambla aprovechó para "reiterar una vez más --y no nos cansaremos de hacerlo, apostilló-- nuestro rechazo a este tipo de actos que desprecian la vida humana" y sostuvo que "no es un problema privado de aquellas mujeres a las que les afecta, sino que es un problema del conjunto de la sociedad".
"Esta lacra social tenemos que enfrentarnos toda la sociedad contra ella, y desde luego, el Consell de la Generalitat está dispuesto poniendo todos los medios al alcance de las mujeres, como lo está haciendo, y sobre todo para garantizar su defensa", dijo.
Vicente Rambla confió en que el hecho de "garantizar una personación" en el juicio por el último crimen de Castellón para haga que "todos aquellos que cometen este tipo de actos contra la vida lo paguen", sirva "como ejemplo para otros que tengan intenciones en este sentido".
La Ley 9/2003 de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 36, que "la Conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat, el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogadas/os colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana".
Por su parte, el Decreto 122/2007 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, corresponde a ésta ejercer, entre otras, las competencias en materia de "prevención y erradicación de la violencia, con especial atención a la ejercida sobre la mujer".
La Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat, dispone que corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General la representación y defensa en juicio de la Generalitat.
Asimismo, de acuerdo con esta ley, los abogados de la Generalitat no pueden iniciar acción alguna en nombre del Gobierno valenciano sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente, siendo el Consell una de las autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones.
GARANTIZAR ASISTENCIA SOCIAL
En otro orden de cosas, el pleno del Consell aprobó hoy un convenio entre la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y el Ministerio de Igualdad para el desarrollo de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, para lo que el Ministerio transferirá a la Conselleria 568.089 euros.
Las actuaciones se centran en diversos proyectos, como la creación de un nuevo Centro Mujer 24 Horas y un Centro de Recuperación Integral Tutelada, y el desarrollo de proyectos de gestión informatizada e interconexión de todos los recursos de violencia sobre la mujer de la Generalitat o de planes para la formación e inserción laboral de las mujeres víctimas de la violencia machista.
Rambla recordó que la Comunitat tiene asumidas competencias en materia de protección social contra la violencia, especialmente de la violencia de género, de modo que corresponde a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas contribuir a la prevención y erradicación de la violencia, con especial atención a la ejercida sobre la mujer.
Además, remarcó el compromiso de la Generalitat "a asumir el coste de los proyectos durante los siguientes años, ya que el acuerdo sólo contempla la puesta en marcha de los proyectos, pero no su mantenimiento", que correrá a cargo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Andalucía
