VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La conselleria de Territorio y Vivienda remitirá a la embajada británica un documento sobre la aplicación de la disposición transitoria de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en concreto, sobre los efectos de los Programas de Actuación Integrada que estaban ya a información pública antes de la aprobación de la norma, según informó en un comunicado la Generalitat.
La conselleria, cuyo director general de Planificación y Ordenación del Territorio, Pedro Grimalt, se reunió hoy con el Primer Secretario de Asuntos Sociales y Laborales de la Embajada Británica en Madrid, Bruce Bucknell, explicó que es la Constitución Española la que determina la irretroactividad de las leyes y, por lo tanto, en el caso de la LUV sucede lo mismo porque de lo contrario atentaría contra la Carta Magna (artículos 137 y 140), que protegen el principio de autonomía local, y la Carta Europea de Autonomía Local. La reparcelación de los PAI, según la LUV
Asimismo informó al representante diplomático que en la mayoría de los PAI tramitados durante los últimos días antes de aprobarse la LUV, los derechos de los pequeños propietarios se verán garantizados, es decir, las notificaciones, el aprovechamiento o las cuotas, cuestiones que se dilucidan durante la reparcelación, se regirán por la normativa recientemente aprobada por el Consell, según las mismas fuentes.
Los propietarios de viviendas y parcelas dentro del ámbito de un PAI sólo tendrán que contribuir económicamente a la puesta en funcionamiento de servicios que les beneficien directamente -red de alcantarillado, suministro eléctrico, agua, etc- y no como sucedía con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por el PSPV-PSOE de 1994 y derogada a finales de 2005.
La LRAU exigía que todos los propietarios de parcelas, titulares o no de viviendas, tenían que contribuir en la misma proporción a la ejecución de esos servicios citados anteriormente, sino también además sufragar la creación de zonas verdes incluidas en el PAI pero no próximas a su vivienda.
TRANSPARENCIA GARANTIZADA
A la pregunta formulada por el diplomático sobre cuál es la nueva situación a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, los representantes de la conselleria señalaron que la ley garantiza mayor transparencia e información al propietario porque la "triplica", se da tanto en el inicio del procedimiento, en el momento de la aprobación y la reparcelación.
Así se ha incrementado el plazo de 10 días a 2 meses -previamente tiene que haber recibido la información en su domicilio y publicado en el Diario de la Unión Europea- para presentar alegaciones ante el Ayuntamiento y se facilitará la información de manera personalizada para que el propietario conozca su situación. En caso de no haber acuerdo, el propietario puede recurrir ante los tribunales.
También explicó que toda la tramitación de los PAI se ajustan a las directivas europeas en materia de contratación "por lo que debe ser el Estado el que asuma la transposición de las citadas directivas" y en relación a los conceptos de utilidad pública e interés social, que es la legislación estatal la que lo determina.
Para la conselleria de Territorio, el régimen transitorio establecido en la LUV respeta plenamente las competencias municipales para la aprobación de los Programas de Actuación Integrada. De haber seguido la recomendación de la Comisión Europea de aplicar la retroactividad de la Ley se hubiera producido graves consecuencias jurídicas para los ayuntamientos, responsables de la adjudicación provisional de los PAI, con lo que se hubiera falseado gravemente la seguridad jurídica de estos instrumentos de planeamiento urbanístico de ámbito local.
A su juicio si hubiera previsto su aplicación retroactiva a aquellos PAI en los que su agente urbanizador hubiera sido definitivamente seleccionado con arreglo a la LRAU, "habría vulnerado la confianza que tales agentes".
