Pérez Garijo defiende la reclamación a CEPS de ayudas no justificadas y el PP dice que las ideas de Podemos "salen caras"
VALNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, ha asegurado este lunes que la Generalitat tiene 68 expedientes pendientes de revisar de "los 558 que dejó el anterior gobierno del PP sin fiscalizar" en materia de cooperación, "un equivalente a 96 millones de euros de los que tres millones ya no se pueden recuperar porque han prescrito".
"Ahora las subvenciones se conceden de forma objetiva y de acuerdo a proyectos concretos", ha recalcado ante las críticas de la oposición por las ayudas a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y su vinculación con Podemos.
En la comisión de coordinación institucional de Les Corts, ha hecho hincapié en que la Generalitat concedió siete ayudas por más de 254.000 euros a CEPS durante la etapa del PP, de 1999 a 2010 para proyectos en países de América Latina, y ha defendido el trabajo de fiscalización desde 2015 porque "es de lo más normal que una entidad pida una subvención y la tenga que devolver por no justificarla".
Por contra, tanto el PP como Vox han exigido explicaciones y han apuntado al vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau --presidente de CEPS en 2010--, y a Podemos por los proyectos adjudicados "con dinero de Maduro" y de Brasil y Bolivia a esta fundación que cesó hace unos años.
Garijo (Esquerra Unida) ha remarcado que lo que estos partidos ponen en cuestión es "una subvención concreta y no revisada por un gobierno 'popular' y posteriormente revisada y cobrada por el Botnic" (PSPV, Compromís y Unides Podem) a CEPS. Se trata de una ayuda no justificada y concedida en 2010 a CEPS por más de 21.000 euros, una devolución que se hizo efectiva en septiembre de 2019 y que ha asegurado que fue "de lo más normal" dentro de la fiscalización de las ayudas de la Generalitat.
Eso sí, ha insistido en que la Generalitat desconoce quién hizo el pago en ventanilla de los 21.000 euros, tanto por parte de su conselleria como de la de Hacienda a través de la Agencia Tributaria Valenciana, aunque "eso no significa que el banco no lo sepa". "En 2010 salió la convocatoria, en 2011 CEPS presentó la justificación y no fue hasta 2015 cuando se pidió el reintegro total porque la documentación no permitía justificar ninguna parte de la subvención", ha relatado.
Más allá de esta reclamación, la titular de Cooperación ha afeado al PP su "doble personalidad por pedir explicaciones de su mala gestión" ante la "cantidad enorme" de expedientes pendientes de fiscalizar, hasta 558 por un importe estimado de 96,13 millones.
De esta cantidad, cuando entró el Botnic en 2015 "habían prescrito 3,14 millones que no se podrán recuperar", ha lamentado, para destacar que 490 expedientes están tramitados a julio de 2020 y que, por tanto, "quedan todavía 68" por unos 8,65 millones. Actualmente, según ella, ya se ha ordenado el reintegro de 3,78 millones de expedientes de cooperación que estaban mal justificados.
"No tenemos nada que ocultar, todo lo contrario", ha zanjado lamentando los "20 años de desinformación y desmemoria" como dice la canción de Raimon porque "a esto se suma toda la corrupción del 'caso Cooperación, donde se han recuperado más de seis millones y todavía sigue". Y ha enfatizado: "No soy consellera de ningún gobierno de Venezuela, sino de la Generalitat".
FUNDACIÓN "REGADA CON DINERO DE DICTADURAS"
Por parte de la oposición, el 'popular' Fernando Pastor ha cargado contra Garijo, "consellera prodigio en autoproclamarse adalid contra la corrupción cuando no vio nada con Jorge Rodríguez --expresidente de la Diputación de Valencia-- que acabó durmiendo en el calabozo y lleva año y medio con Ximo Puig --'president' de la Generalitat-- y no ve nada en las ayudas a sus hermanos".
Ha denunciado que una "pequeña fundación como CEPS con marcado carácter ideológico de izquierda estuviera regada con subvenciones de dictaduras de Sudamérica", así como que varios de sus "pensadores" formaran parte de Podemos y llegaran a ocupar cargos en la Generalitat, como el actual vicepresidente y conseller de Arquitectura Bioclimática. "Qué caras salen las ideas de Dalmau", ha atacado, sumado al "veto" del Botnic a crear una comisión de investigación sobre CEPS.
De Vox, David García ha criticado que la consellera se posiciona "muy lejos de su lucha contra la corrupción al desvelar el 'caso Taula'" y que "detrás de CEPS hay podredumbre y cloacas porque han tenido lazos hasta con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".
Cs se pregunta si el Consell no vio ningún indicio de ilegalidad en esta fundación "supuestamente disuelta" cuando "Dalmau dijo que no tenía constancia de esos cursos cuando era el presidente". "¿Estamos hablando de blanqueo? ¿No podemos hablar de la presunta financiación irregular de Podemos?", ha planteado la diputada 'naranja' Mamen Peris.
Y del Botnic, la socialista Mercedes Caballero ha defendido que los representantes públicos que han pasado por CEPS "no fueron elegidos por ser miembros de la fundación". "Nos ha costado mucho levantar la hipoteca reputacional; no podemos consentir que vuelvan a poner en duda el trabajo de un gobierno por acciones del anterior. Ahora cuando dices que eres valenciano ya no se llevan las manos a la cartera", ha aseverado.
