El fraude en el sector inmobiliario representa 1.088 millones de euros anuales en la autonomía
VALENCIA 02, (EUROPA PRESS)
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) cifra en cerca de 20.300 millones de euros la economía sumergida en la Comunitat Valenciana, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, y considera en un informe que el fraude en esta autonomía representa cerca de un 10% de la bolsa de dinero negro existente en España, cuya media se sitúa en un 23 % del PIB, diez puntos por encima de la media europea.
El estudio de Gestha, basado en el último dato provincial de PIB disponible, según el INE, apunta que la provincia de la Comunitat que concentra el mayor volumen de economía sumergida (51,9%) es Valencia, con 10.478 millones de euros, seguida de Alicante, con más de 7.000 millones, y Castellón, con una bolsa de fraude de 2.750 millones de euros.
El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía valenciana está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.088 millones, el 12,6%, se localizan en esta comunidad, según esta fuente.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda estiman que el 62% de los arrendamientos localizados en esta región son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. Se calcula que existen alrededor de 76.398 alquileres sumergidos en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 7,8% del total del parque de viviendas alquiladas en España, que se cifra en casi 112 millones de euros anuales.
El estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 96,8% de las compañías asentadas en la Comunitat Valenciana que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, lo que supone más de 7.800 sociedades aproximadamente, escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
VEHÍCULOS DE LUJO.
Los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Así, según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros".
Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en un 10% las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar casi 21.000 millones de euros adicionales en impuestos que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir las medidas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, Gestha considera "imprescindible" habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Por otro lado, propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.
Además, plantea crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los "pases".
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
