Los imputados falsificaban firmas de los usuarios o les engañaban para tramitarles un cambio de operador que no habían solicitado
BADAJOZ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil, en una operación llevada a cabo en 29 provincias españolas, entre ellas Valencia y Castellón, informó hoy de que ha descubierto un fraude en la contratación del cambio de operador telefónico, en el que se han podido ver afectadas hasta el momento más de 350 personas.
Al respecto, la Benemérita informó en un comunicado de prensa que en la operación han sido imputados 115 empleados de una empresa que comercializaba los productos de telefonía de una importante empresa del sector, por falsificar firmas de usuarios o engañarles para tramitar sus solicitudes de cambio de operador, con el fin de aumentar sus retribuciones.
Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a raíz del importante número de reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores, por personas que se habían visto afectadas por estos hechos, sin haber sido conscientes de su contratación.
DENUNCIA EN BARCELONA
Paralelamente, se presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona, interpuesta contra la compañía de telefonía que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.
Al tener conocimiento de esta denuncia, la empresa suministradora del servicio interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del Juzgado un total de 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre los años 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.
Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.
De los contratos irregulares analizados, 166 habían sido formalizados mediante firmas falsificadas y otros 186 se tramitaron después de engañar a los usuarios que accedían a firmarlos.
PERSONAS MAYORES
Los empleados imputados captaban a los clientes y les solicitaba alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato, con el objetivo de disponer de los datos necesarios para realizar el cambio de operadora.
Seguidamente, en unos casos falsificaban las firmas de las víctimas y en otros las convencían para que firmaran bajo el pretexto de que no tendría trascendencia alguna en su facturación, ya que únicamente era a efectos de divulgación comercial. Los empleados imputados actuaban individualmente y aumentaban sus retribuciones en función de los contratos que conseguían.
Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Illes Balears, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante, Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.
