La huelga de autobuses en Alicante transcurre con "normalidad" para La Alcoyana y el comité habla de actitud "represiva"

   ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La huelga de conductores en los autobuses interurbanos alicantinos que ha convocado este viernes el comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, empresa perteneciente a Vectalia, transcurre con "normalidad", según la adjudicataria del servicio.

   Por su parte, el órgano de representación de los trabajadores habla de "total normalidad por parte de la plantilla" y lamenta la actuación "deplorable y claramente represiva" de la compañía.

   En sendos comunicados, ambas partes han trasladado su relato sobre las primeras horas de la jornada de paros. En concreto, la empresa ha asegurado que el día avanza "sin incidentes destacables" y que "los servicios mínimos han salido con normalidad", al tiempo que ha lamentado "las molestias que esta protesta pueda ocasionar a los usuarios del transporte público".

   Asimismo, desde La Alcoyana han recordado que mantienen abierta "la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores" y han sostenido que "ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial".

"INCREMENTO DE COSTES INASUMIBLE"

   En este sentido, han apuntado que atender todas las peticiones sindicales "supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa, dejándola fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante y poniendo en riesgo su supervivencia".

   "Las actuales condiciones salariales de la plantilla de conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en convenios colectivos que están vigentes hasta final de este año y todos ellos contemplan mejoras laborales respecto a las condiciones fijadas en el convenio provincial del sector", ha zanjado la compañía.

"AVARICIA SUBVENCIONADA"

   De otro lado, el órgano de representación de la plantilla ha afirmado que "al comité de huelga únicamente se le ha permitido acceder a su sala a través de un pasillo vallado y se le ha obligado a firmar un documento represivo e ilegal en el que se advierte que, de sobrepasar determinadas condiciones, podrían imponerse sanciones disciplinarias". "Una amenaza inadmisible en pleno ejercicio de un derecho fundamental", ha indicado.

   "Además, la empresa ha modificado de forma unilateral los servicios mínimos, sin comunicación previa al comité, generando tensiones innecesarias y dejando sin posibilidad de control tanto el cumplimiento de dichos servicios como la detección de deficiencias en los autobuses", ha apuntado el comité de empresa.

   Así, ha indicado que "el malestar entre los usuarios ha sido evidente" ya que, "por ejemplo, la línea 24 permanece sin servicio y ya son más de cinco conductores los que han requerido atención médica en la mutua tras sufrir ataques de ansiedad".

   "Automóviles La Alcoyana ha trasladado a los medios de comunicación un comunicado falaz y plagado de mentiras, en el que pretende responsabilizar al comité de poner en riesgo la viabilidad de la empresa. La realidad es muy distinta", ha añadido el comité.

   Al respecto, ha manifestado que la compañía "mantiene un contrato de emergencia (CE-705) con la Generalitat Valenciana, que asegura un equilibrio económico de alrededor de cinco millones de euros, con un beneficio industrial garantizado" y que "desde junio el servicio se ha ampliado, mejorando aún más estas condiciones de financiación".

   "A esto se suma la explotación a riesgo y ventura de la línea C-6 (Aeropuerto-Alicante), que transporta más de un millón de pasajeros anuales, a 4,6 euros por billete. Cualquiera puede calcular el beneficio neto que supone este negocio paralelo, completamente al margen del contrato de emergencia", ha continuado el comité.

   Por ello, el órgano de representación de los trabajadores ha sostenido que "esta línea no se integra en el contrato de emergencia para reducir la aportación pública" porque "la empresa engorda así sus beneficios privados mientras se presenta como víctima ante la opinión pública".

   "Lo que realmente ocurre no es un problema de viabilidad económica, sino un caso de avaricia subvencionada con dinero de las administraciones. La empresa no está en riesgo: simplemente quiere seguir aumentando sus márgenes a costa de trabajadores y usuarios, mientras pretende dar lástima ante la ciudadanía", ha concluido.