Incendio.- La oposición cree "grave" que se reste importancia a la falta de acreditación para albergar enfermos mentales

VALENCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Portavoces de los grupos parlamentarios del PSPV y de EU-Entesa calificaron hoy de "grave" que la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, "reste importancia" a que la residencia de Massamagrell (Valencia) careciera de acreditación para albergar enfermos mentales y pretenda "parapetarse detrás de la idea de que la responsabilidad es de las empresas privadas".

La portavoz de Bienestar Social del PSPV en la Cámara, Nuria Espí, recordó que el centro en el que ayer fallecieron cinco internos a causa de un incendio era una residencia de 120 plazas autorizada para personas mayores que "tenía más de un 75 por ciento de personas con problemas de salud mental", "muchas" de las cuales "no cumplían los 40 años".

Espí calificó de "gravísimo" que se esté utilizando un recurso geriátrico para atender la salud mental sin la autorización correspondiente y estimó "todavía más grave" que, por parte de la consellera, "se quite importancia al hecho de que tenga que estar o no acreditado", porque "los recursos de un centro de personas mayores no son los mismos que los de un centro de salud mental".

El PSPV, que trasladará una petición urgente de comparecencia de la consellera en la Cámara y una pregunta por la vía de urgencia para que explique el suceso, tiene la intención de pedir "hasta el final" la "depuración de responsabilidades" ante este caso, porque "no se puede estar permanentemente mirando para otro lado" y tampoco "puede ser que los sectores más desprotegidos" queden al margen de protección pública.

Espí manifestó que "es verdad" que en este centro hay personal especializado por las tardes, "pero está para vigilar la medicación" y los enfermos "se encontraban a solas en la enfermería en un momento determinado". Según remarcó, "no podríamos, desde la responsabilidad pública, exigir a nadie que cumpla con las normativas legales si cuando nos afecta a la Administración le quitamos importancia". "Las normas están para cumplirse", dijo.

La parlamentaria insistió en este sentido en que la última revisión del centro se realizó en 2004 y "desde entonces no había vuelto a ser visitado" por la inspección, cuando "precisamente en los últimos tres años ha habido un incremento de envío de personas con problemas de salud mental a ese centro sin acreditar". La Generalitat, dijo, ha estado "más de tres años derivando incluso a enfermos tutelados por la Administración a un centro no acreditado".

Espí destacó que desconoce si el centro dispone de un plan de emergencia vinculado a la discapacidad y a los problemas de salud mental, porque "no son las mismas condiciones las que se tienen que exigir" para un centro que atienda patologías psiquiátricas que para un centro de atención a personas mayores, y además "la normativa de los propios centros de la Generalitat así lo determina".

Según subrayó, un centro de atención a enfermos mentales "requiere más personal, un plantilla con un perfil de especialización distinto y unos edificios adaptados a situaciones de agresividad o descontrol".

Espí lamentó que "todo se justifique con fallos y accidentes, cuando estamos hablando de personas tuteladas por la Administración, de las que somos prácticamente sus padres y a las cuales tenemos que garantizar una protección". Además, subrayó que esta situación demuestra "la enorme escasez de recursos especializados" del sistema público, lo que genera "cada vez mayores situaciones de desprotección".

Por su parte, el portavoz de Política Social de EU-Entesa, Ramon Cardona, señaló que la conselleria "no puede parapetarse detrás de la idea de que la responsabilidad es de las empresas privadas" porque se constatan "graves carencias en la red de centros de prestación de servicios sociales", también percibidos anteriormente con el incendio en una residencia de Carlet (Valencia) o las deficencias detectadas en Buñol (Valencia).

EU-Entesa, que también ha solicitado la comparecencia en el pleno de la consellera de Bienestar Social para que explique la situación de la residencia San Lorenzo, cree que "la falta de preparación, planificación, inspección y vigilancia está en la base de sucesos como éstos, que todos querríamos que no pasaran y que lamentablemente pasan".

Cardona emplazó a la consellera a que "explique no sólo las carencias puntuales que pueda tener este centro", sino también "cómo un sistema de servicios sociales no está cumpliendo con las finalidades que debería tener".

En su opinión, "no está llevando un suficiente control de la situación tanto de las residencias públicas, donde falta personal y planes de emergencia, ni está efectuando una inspección adecuada en las residencias privadas de atención a las personas en situación de dependencia".