'Indignados' en Valencia piden a Delegación del Gobierno autorización para seguir reunidos en la Plaza

VALENCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los concentrados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia dentro del movimiento 15M han presentado este domingo un escrito a la Delegación del Gobierno en el que piden que se acuerde "con carácter urgente" una autorización para ejercer su derecho de reunión en este lugar desde las 0.00 del 23 de mayo "en adelante".

Según se especifica en el escrito presentado ante la Delegación, la hora de comienzo de la reunión es a las 0.00 aunque la duración "no puede ser inicialmente estimada dados los temas a tratar y la imposibilidad de conocer cuántos ciudadanos asistirán a la reunión", cuyo objeto es "tratar por parte de los ciudadanos los problemas de corrupción de la clase política, la reivindicación de una democracia real y la denuncia del bipartidismo imperante con su consecuente desafección de la ciudadanía con la clase política".

Asimismo, en el escrito se indica que un grupo de 30 asistentes a la reunión se encargará de que no se produzcan altercados" y utilizarán para identificarse un chaleco reflectante con una insignia. En todo caso, subraya que la naturaleza "pacifista" de los asistentes es una de las características de la reunión y añade que la organización instalará mesas, tenderete y equipo para guarecerse del sol y procurar la "máxima comodidad a los asistentes".

Los solicitantes indican que, para convalidar la reunión que mantienen en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia desde el 15 de mayo, "se necesita sea expedida autorización por la autoridad gubernativa para el plazo de preaviso de 24 horas y no de 10 días" y explica que no se ha podido pedir con anterioridad esa petición "dada la decisión espontánea de miles de ciudadanos de mantener la reunión".

"Pretendemos, por tanto, convalidar un pacífico y espontáneo ejercicio del derecho de reunión por parte de un numeroso grupo de ciudadanos con la suficiente antelación como para que su aprobación tardía no trunque el motivo del que trae causa".

Las solicitantes advierten que, de no otorgarse la solicitud, "se estaría negando el ejercicio del derecho de reunión a miles de personas que se verían así expulsadas de todos los cauces legales que nuestro régimen jurídico pone a disposición de los ciudadanos, por lo que podrían verse abocados a ejercer sus derechos mediante otras vías", y añaden que el mantenimiento del orden público "exige que se dé cauce legal a este legítimo ejercicio del derecho de reunión, so pena de grave quiebra de nuestro sistema jurídico y el orden público".