VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El informe elaborado por el Síndic de Greuges sobre el ejercicio de 2005 constata que un total de 31 administraciones, cuatro de ellas conselleries, mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" hacia la labor de la institución, lo que supone un incremento respecto al año anterior, en que ese número fue de 21.
El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, presentó el contenido del informe anual de 2005 en una comparecencia ante los medios de comunicación tras hacer entrega del mismo al presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, que recibió también de manos del alto comisionado un balance de la gestión realizada en sus cinco años de mandato.
El informe considera "hostiles", por no haber contestado a los requerimientos o resoluciones de la institución o haberlo hecho de forma injustificada, a un total de 31 administraciones en 41 expedientes de queja. El año anterior el número de instituciones públicas con una labor entorpecedora fue de 21.
La Conselleria de Cultura, Educación y Deportes es declarada "hostil" en tres quejas, al igual que la de Bienestar Social, en tanto que las conselleries de Sanidad y de Justicia y Administraciones Públicas se considera que mantuvieron una actitud entorpecedora de la labor del Síndic en una queja.
El ayuntamiento de Alicante es declarado hostil por dos quejas, los de Alboraia y la Vila Joiosa por tres y el de Llíria por dos, mientras que, con una queja, son declarados hostiles los ayuntamientos de Orihuela, Torrent, Nules, Peñíscola, Albocàsser, Almenara, Altea, Arañuel, Alcoi, Algemesí, Biar, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burriana, Catí, Cirat, Corbera, Gata, San Antonio de Benagéber, Poble Nou de Benitatxell, San Fulgencio y Segart. También está incluido el Colegio Provincial de Administraciones de Fincas de Valencia.
Se considera "entorpecedora" la actitud de la Conselleria de Bienestar Social por una queja de oficio relacionada con que se dieran datos sobre listas de espera para el ingresos en centros residenciales públicos para personas mayores "con dos años de retraso" y no se haya "promulgado una norma que regule con carácter unitario el sistema de acceso a dichos centros, pese a haberse comprometido a ello".
Asimismo, también se incluye en este apartado por otra queja de oficio vinculada con una recomendación para el desarrollo reglamentario de la Ley de Mediación Familiar después de no haberse informado en el plazo de seis meses dado a la conselleria sobre el estado del reglamento sobre mediación familiar pendiente desde diciembre de 2002.
Esta conselleria tampoco aceptó una resolución en la que se recomendaba se tomaran las medidas necesarias para que los expedientes de calificación del grado de minusvalía se resuelvan y notifiquen, con carácter general, en el plazo máximo de seis meses desde que se presenta la solicitud y en tiempo necesario para que los expedientes de prestación de invalidez no contributiva se resuelvan y notifiquen en el plazo de 90 días, ya que la Administración contestó que aceptaba estas recomendaciones "en el marco de las posibilidades de recursos humanos y materiales".
La Conselleria de Educación no contestó a la sugerencia de que las plazas no cubiertas por el turno de reserva para minusválidos no sean acumuladas al turno libre y de que sean incorporadas al turno de reserva en una nueva convocatoria general o especifica hasta que se alcance el 2 por ciento de personas con minusvalías del total de efectivos de esa Administración, así como que esas vacantes sean ofrecidas temporalmente para su provisión por estas personas hasta su provisión reglamentaria.
Asimismo, no aceptó una resolución por la que se le recomendaba que adoptara medios organizativos y presupuestarios para garantizar la adecuada oferta de escolarización para la atención de las personas con discapacidades motóricas en la comarca de la Vega Baja y tampoco aceptaba el recordatorio de extremar al máximo los deberes legales, protectores de los derechos de los alumnos sobre el ejercicio del derecho de reclamación de calificaciones estimadas incorrectas.
Por su parte, la conselleria de Sanidad no aceptó la recomendación de que los desplazamientos que efectúen los médicos que prestan exclusivamente atención continuada en puntos de atención continuada sean indemnizados conforme a la disposiciones del decreto 24/1997.
Por parte de la conselleria de Interior, Justicia y Administraciones Públicas no se aceptó la sugerencia a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valencia para que revisase un expediente.
El Ayuntamiento de Alicante no aceptó una resolución en la que le sugerían que analizara las posibles deficiencias en la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos y tampoco contestó a una resolución en la que se le recordaba los deberes legales que la Constitución y la legislación vigente le impone de respetar los derechos lingüísticos de los administrados y utilizar en los procedimientos y la lengua que éstos hayan elegido.
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcoi no aceptó la resolución en la que se efectuaban recomendaciones en relación con la participación de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre en las Fiestas de Moros y Cristianos.
Según refleja el informe anual de 2005, se mantiene, con un ligero descenso del 5 por ciento, el número de quejas, que ascienden a 2.033, en tanto que en 2004 fueron 2.135, lo que supone 102 menos, aunque Del Rosal subrayó que es "normal" este tipo de oscilaciones. También se mantiene, aunque con un cierto incremento, el número de quejas de oficio, que se sitúan en las 80, dos más que en 2004, año en que se abrieron un total de 78.
Por otro lado, se aprecia un incremento "muy sustancial" en el número de quejas admitidas a trámite, ya que el porcentaje se sitúa en un 73 por ciento, lo que supone un aumento de un 12 por ciento sobre 2004, año se aceptaron a trámite el 61% de los expedientes.
Asimismo, descendió en un 1 por ciento el número de quejas no admitidas, ya que el porcentaje alcanzó el 12 por ciento, frente al 13 por ciento de 2004, y aumentó en un 1 por ciento los expedientes con resolución favorable a los ciudadanos, un 48 por ciento del total de los tramitados en 2005. Igualmente, en el último ejercicio se experimenta un crecimiento del número de resoluciones no aceptadas justificadamente o de forma injustificada, un total de 70 (el 14 por ciento), mientras que esta cifra fue en 2004 de 46 (el 10 por ciento).
También se registró un aumento del número de resoluciones dictadas, incluyendo las acumuladas, que fueron un total de 488 en 2005, en tanto que el año anterior esta cifra fue de 481.
En lo que se refiere a las materias objeto de queja, el mayor porcentaje se lo llevan urbanismo y vivienda, con un 19 por ciento, le siguen los servicios de entidades locales, con un 16 por ciento; Medio Ambiente, con un 14 por ciento; Servicios Sociales, con un 10 por ciento, Empleo Público, con un 8 por ciento; Educación, 6 por ciento; Sanidad, 5 por ciento; Derechos Lingüísticos, 4 por ciento, y Hacienda, 3 por ciento.
