Cabedo firma con los sindicatos un convenio para la mejor comunicación de incumplimientos de la legislación laboral
VALENCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) alrededor de 600 expedientes sobre irregularidades en centros de trabajo para que valore si se trata de meras infracciones administrativas o podrían ser constitutivas de delito, según informó hoy el fiscal coordinador de la sección de siniestralidad laboral de este organismo, Jaime Gil, durante la firma de un convenio entre el fiscal jefe, Ricard Cabedo, y los responsables de CCOO-PV y UGT-PV, Joan Sifre y Rafael Recuenco, con el que se pretende contribuir a mejorar la comunicación de los incumplimientos detectados de la legislación laboral.
Según los datos facilitados por las distintas partes, durante 2005 se registraron 105.880 accidentes de trabajo en la Comunidad que se saldaron con 129 víctimas mortales y 1.177 heridos graves. En lo que va de año ya se han contabilizado 30 víctimas, aunque no se tiene un conocimiento exacto de las cifras. Asimismo, la Inspección de Trabajo remitió a la Fiscalía recientemente actas de paralización de la actividad de empresas donde, aunque no se había registrado la muerte de ningún trabajador ni había resultado nadie herido, las circunstancias hacían previsible un accidente laboral. Este hecho permite a este órgano poder actuar sin necesidad de que se llegue a producir un siniestro.
Gil precisó que aunque no es "cuestión de criminalizar todas las infracciones", sí que "sonroja el nivel de incumplimiento de la legislación laboral" y subrayó que los siniestros no pueden ser un "impuesto de sangre que el trabajador paga al empresario", al que muchas veces "le puede traer a cuenta" indemnizar un accidente y eludir de esta forma la causa penal, una dinámica a la que llevan los abogados de estas empresas y de la que los fiscales tienen que intentar salir porque "hay bienes jurídicos por encima de los intereses económicos".
El fiscal jefe del TSJCV explicó que la Fiscalía General del Estado lleva durante mucho tiempo alertando de que se debe trabajar de forma segura y de la necesidad de que se "tome en serio la prevención" ya que las cifras sobre siniestralidad laboral son "demasiado terribles". En este sentido, destacó que este convenio ya se ha firmado en otros lugares de España como Asturias, Andalucía y Cataluña con el fin de "agilizar, informar y que haya suficiente concienciación" sobre estos hechos.
El convenio, cuyo ámbito de aplicación abarca a toda la Comunitat Valenciana, prevé la constitución de una Comisión paritaria entre Fiscalía y sindicatos --seis miembros por cada parte-- que mantendrán una próxima reunión en junio para establecer los calendarios, las maneras de relación y "cómo hay que pedir y a quién", explicó Cabedo.
Por su parte, el fiscal coordinador de la sección de siniestralidad laboral señaló que la Fiscalía, ante las cifras de víctimas, tiene que usar "instrumentos más eficaces" y a los sindicatos como fuente de conocimiento de esta realidad laboral y posibilitar que además, ellos tengan una fórmula "ágil" para "ponernos en conocimiento situaciones e incumplimientos graves de la legislación laboral" con el fin de poder actuar antes de que ocurran los siniestros.
"A LA COLA DE EUROPA"
La Fiscalía, dijo, actuará con criterios de "firmeza, rigor y para contribuir a la política de concienciación en esta materia" porque "si podemos transmitir la cultura de la prevención, estaremos avanzando de manera contundente para disminuir las cifras que nos sitúan a la cola de Europa". En este sentido, apuntó que de acuerdo con los datos disponibles, España registra más de 6.700 accidentes graves por cada 100.000 trabajadores ocupados frente a los 4.000 de media de los países europeos más significativos o los 2.000 de Grecia o 1.200 de Irlanda.
Por parte de los sindicatos, el responsable de CCOO-PV, Joan Sifre, aseguró que en el último año se ha registrado un "peligroso" aumento de los accidentes laborales y subrayó que se debe "reconducir" esta situación cuyo origen centró, entre otras causas, en la dignidad del trabajo, los tipos de contrato o dinámicas "muy asentadas" en el mercado de trabajo. Por ello indicó que en el próximo 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, reivindicarán "más solidaridad" que es necesaria para "atajar la falta de sensibilidad".
El secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco, señaló que la siniestralidad laboral es el "principal problema" de la Comunitat Valenciana ya que los datos son "escandalosos". Según aseguró, hay empresas que prefieren pagar una sanción a invertir en seguridad porque, además, las multas se pueden rebajar posteriormente. El dirigente sindical, que pidió más medios y que gobierno central y autonómico contemplen partidas en los presupuestos para hacer frente a esta situación, señaló que las partes implicadas en los accidentes tienen que asumir que, además de las responsabilidades administrativas, están las penales y "ahí tenemos que hacer lo indecible".
