23 de febrero de 2020
 

El interventor de la Generalitat afirma al juez de F1 que no había ley que regulase el procedimiento para avalar Valmor

Actualizado 12/02/2020 15:09:59 CET
Francisco Camps en imagen de archivo
Francisco Camps en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El interventor de la Generalitat Valenciana ha afirmado ante el juez que investiga la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital del Turia que en el momento en el que se decidió que el Consell avalase a la empresa Valmor Sports --en sustitución de Bancaja-- no había ninguna ley que regulase el procedimiento.

El interventor ha comparecido este martes, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 2 de València, que reabrió recientemente la causa de la F1 únicamente para investigar la indicación u orden de firma de la asunción por parte de la Generalitat de la condición de avalista de Valmor en julio de 2011.

El juez adoptó esta decisión tras ordenárselo la Audiencia de Valencia, que estimó parcialmente el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat al archivo del procedimiento, en el que únicamente figuraba como investigado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Tras la reapertura, el juzgado citó esta semana al interventor de la Generalitat después de que lo hubiera requerido Fiscalía Anticorrupción, y en su comparecencia ha ratificado el informe que presentó en su día en el juzgado, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del testimonio.

En concreto, el interventor ha afirmado que cuando se decidió avalar Valmor --a través de un contrato que se celebró el 19 de julio de 2011, un día antes de la dimisión de Camps, y que modificó un contrato anterior del mes de junio de 2007--, no existía ningún procedimiento que debiera seguirse, es decir, no había ninguna ley que regulase la forma en la que había que hacerlo.

En el informe que se incorporó al procedimiento, el interventor aseguraba que las obligaciones adquiridas con el aval se hicieron "sin la cobertura legal" necesaria para ello y hubieran requerido de una ley de Les Corts. De acuerdo con este análisis, la actuación material de firma de contrato, de fecha 19 de julio, "careció de la decisión administrativa previa que sirviera de fundamento, de modo que se desarrolló sin ningún tipo de soporte, habilitación o cobertura jurídica necesaria".

En este procedimiento queda ahora pendiente la declaración el próximo 18 de febrero de un responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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