ALICANTE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El empresario Ricardo Fuster, investigado en el proceso sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, y el gerente del constructor Enrique Ortiz en Valencia, citado como testigo, han mantenido este martes un careo ante el juez en el que el primero ha reiterado que el segundo fue quien le dio los 36.000 euros para pagar al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) un viaje privado a Creta en el verano de 2008, extremo que el empleado del constructor ha negado.
Así, según ha explicado el propio Fuster en declaraciones a los medios, en el careo ha ratificado la carta que remitió a Fiscalía en la que confesaba que fue el gerente de Ortiz el que le dio los 36.000 euros para pagar el viaje en jet privado de Alperi a Creta. El empresario ha dicho que el gerente ha asegurado lo contrario, algo que ve "lógico".
Ambos estaban citados a declarar por el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien investiga las presuntas irregularidades en el PGOU.
La Fiscalía sostiene que este viaje, al que también fue la entonces delegada de Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Alegría, forma parte de las presuntas dádivas que Ortiz ofrecía a Alperi a cambio de tratos de favor en el planeamiento urbano.
Fuster --que ha declarado tres veces en relación con esta cuestión-- ha manifestado a los medios tras el careo que es "lógico" que el gerente de Ortiz sostenga que no sabe nada y que no fue quién le dio el sobre con el dinero. Además, ha alegado que en su declaración anterior no dio el nombre del testigo "por respeto" y porque entendía que se deducía de sus declaraciones.
Asimismo, según ha relatado el abogado de la acusación popular de EU, José Luis Romero, Fuster ha indicado que el testigo le citó por teléfono en un bar de Valencia. Romero se inclina a pensar que Fuster dice la verdad porque "no se ve qué interés en perjudicar a Ortiz pueda tener cuando podía exculparse de otra manera" y lo contrario sería "forzado".
Fuster, que en la carta a Fiscalía habla de "amenazas" por su testimonio, ha apuntado que no ha hablado con Alperi y ha afirmado que está "muy sensible" y que tiene un "exceso de celo" porque la vida del investigado es "muy dura". Sin embargo, ha negado haber recibido ninguna amenaza.
Por otra parte, preguntado si ahora que está colaborando con la Justicia va a cambiar su situación, ha contestado que lo desconoce y que no ha hablado de ello.
Hasta ahora, éstas eran las últimas declaraciones previstas en esta pieza separada del caso 'Brugal' en la que están investigadas (término que tras una reforma legal sustituye al de imputado) una quincena de personas, entre ellas el exalcalde Luis Díaz Alperi, su sucesora, Sonia Castedo (PP), el constructor Enrique Ortiz, el arquitecto Jesús Quesada y directivos de la CAM. La instrucción continúa con su proceso.