VALNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil han desarrollado una investigación que ha sacado a la luz una presunta exportación ilegal de gases considerados como sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), por parte de una empresa de comercialización y distribución de gases fluorados refrigerantes. Un total de diez personas están supuestamente implicadas en este contrabando.
El operativo se ha llevado a cabo bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y en ella ha participado el SEPRONA de la Guardia Civil. La investigación, a nivel internacional, la ha coordinado la Europol, ha detallado la Benemérita en un comunicado.
La empresa investigada presuntamente gestionaba de forma irregular, como residuos peligrosos, los gases procedentes de la recuperación y no sujetos a comercialización, en vez de destinarlos directamente a su eliminación a través de un gestor autorizado.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que alertaron de una posible exportación irregular de gas refrigerante R-22 regenerado con destino a Panamá.
Los investigadores localizaron una empresa, radicada en Valncia, que supuestamente eludía su deber de informar a la Comisión Europea sobre las exportaciones reales que efectuaba y los datos detallados sobre su almacenamiento de gases refrigerantes. Tampoco comunicaba a la administración autonómica la realidad de los gases recuperados y los efectivamente destruidos o eliminados.
Por otra parte, la mercantil presuntamente realizaba operaciones de exportación bajo la denominación de gas refrigerante HCFC-22 (R-22) regenerado, pero carecía de la preceptiva licencia de exportación concedida por la Comisión Europea.
NO ELIMINABAN LOS RESIDUOS PELIGROSOS
Esta empresa supuestamente reenvasaba los líquidos refrigerantes de gas R22 que debían gestionarse como residuos peligrosos y eliminarse, sin confeccionar el oportuno registro documental de los mismos para que la administración pudiera seguir su trazabilidad como residuo de tales sustancias.
Los investigadores calcula que habría realizado la exportación ilegal de unos 10.000 kilos del gas, bajo la denominación de regenerado sin tener autorización ni capacidad en sus instalaciones para conseguir esta clasificación del gas. El contrabando de estas 10 toneladas de R-22 habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros.
Hay un total de diez personas implicadas en esta investigación. Finalmente, los gases refrigerantes ilegalmente exportados fueron enviados a Panamá en vez de trasladarse a plantas específicas para su eliminación.
EL EQUIVALENTE A 17.000 TONELADAS DE CO2
Este tipo de sustancias son gases de efecto invernadero con un Potencial de Calentamiento Global (GWP o PCA) asociado, parámetro que representa el calentamiento climático del gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2) que, para el R-22 es de 1.700.
En este sentido, la liberación de un kilo de R-22, en términos de calentamiento atmosférico, equivale a la emisión de 1.700 kilos de CO2, por lo que las casi 10 toneladas de R-22 objeto de la exportación habrían supuesto casi 17.000 toneladas de CO2 en Potencial de Calentamiento Global.
Este tipo de actividades están sujetas a un estricto control debido a la progresiva disminución de la concentración de ozono en las capas medias de la atmósfera. Esta disminución de la concentración de ozono resulta sumamente dañina para la vida en la tierra y está provocada, en gran parte, por las emisiones de gases que se han englobado comúnmente como Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO).
Desde 2010, están prohibidos el uso y la introducción en el mercado de gases que agotan la capa de ozono y, a partir del 1 de enero de 2015, quedó prohibida en el territorio de la Unión Europea la introducción en el mercado y uso de los HCFCs en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado). Estas investigaciones coinciden con un estudio de emisiones publicado por la ONU que pone de manifiesto que la contaminación atmosférica afecta a la salud del 90 por ciento de la población mundial.
En la investigación realizada ha sido fundamental el funcionamiento de los mecanismos establecidos a nivel europeo para controlar el uso o comercio de estas sustancias. La Unión Europea, a través del sistema de expedición de licencias y de las comunicaciones a las que están obligadas los operadores de sustancias identificadas como sustancias que agotan la capa de ozono, puede evaluar la magnitud de su impacto ambiental y garantizar que las mismas están sometidas al debido control.
