VALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IU-ICV defiende en una proposición no de ley que será debatida mañana en comisión en el Congreso de los Diputados que se elimine la figura de los agentes de movilidad y se establezca un periodo transitorio de integración en los cuerpos de Policía Local de aquellos funcionarios que hayan sido nombrados para estas tareas.
La iniciativa, presentada hoy en rueda de prensa por la diputada de EU-Entesa en el Congreso Isaura Navarro, pide que se modifique la ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la redacción dada por la reforma establecida en 2003, que permite a los municipios de gran población constituir cuerpos de funcionarios no incluidos en las fuerzas y cuerpos de seguridad para ejercer las funciones de regulación y control del tráfico urbano.
La diputada de EU-Entesa defendió junto al responsable de Administración Local de CCOO, Julio Conesa, que estos agentes de movilidad están actuando como meros agentes recaudatorios, ya que carecen de competencias para ejercer funciones relacionadas con la seguridad vial. Según explicaron, Madrid y Alicante, esta última con 12 plazas, ya han comenzado a crear estas figuras y Castellón abrió una bolsa de trabajo para cubrir 30 puestos que se ha paralizado por un recurso interpuesto por CCOO.
La proposición no de ley, que se presenta a instancias de este sindicato y que IU-ICV confía en que reciba el apoyo del PSOE tras los contactos mantenidos con esta formación, subraya que la posibilidad de crear plazas de agentes de movilidad o controladores de tráfico en grandes municipios introducida en la pasada legislatura posee un "impacto negativo" en el desarrollo de las funciones y competencias atribuidas a los cuerpos de Policía Local y "afecta de manera notoria a la propia eficacia de la seguridad vial, la seguridad ciudadana de los vecinos y el presupuesto municipal".
IU-ICV subraya además que la reforma legal adolece de "déficit democrático", ya que fue aprobada por el PP en el Senado aprovechando su mayoría absoluta y "sin contar con el apoyo de sindicatos ni de asociaciones de policías locales". Alude además en este sentido a que durante la tramitación parlamentaria se opusieron a la misma la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos, según recuerda, el PSOE.
El grupo parlamentario de IU-ICV considera que "no es posible segregar las funciones de tráfico de las restantes de seguridad sin generar un sobrecoste que implicará la intervención constante del controlador de tráfico y del policía local" y remarca que "en la medida en que no son agentes de la autoridad en todos los supuestos", estas nuevas figuras no podrán afrontar "con garantías" las posibles "circunstancias colaterales" que se produzcan.
Según indica la proposición no de ley, "el riesgo de colisión de derechos e intereses va a ser grande y el papel de los policías como mediadores será inevitable, lo que implicará un incremento de la carga de trabajo, que es lo que en apariencia se quiere evitar". Según indica, estas plazas de funcionarios se crean para cubrir una de las tareas previstas para los policías locales, pero en materia de tráfico "deja fuera todo lo concerniente a la instrucción de atestados por accidente de circulación".
Para IU-ICV, la "complejidad" de unas competencias como las relacionadas con el tráfico no sólo tienen que ver con la ordenación y dirección del mismo, sino que pueden derivar en "multitud de situaciones conflictivas cuya respuesta requiere de una formación y una preparación amplia", que justifica la reclasificación legal al grupo C de la titulación de los funcionarios de Policía Local en la mayoría de las comunidades.
RENTABILIDAD
También argumenta que la medida "no es rentable económicamente", porque "al estudiar el puesto de controlador de tráfico o agente de movilidad tomando como referencia las funciones que desarrolla en comparación con las de un policía y los costes económicos de ambos resulta que la rentabilidad económica de un controlador es un 62 por ciento inferior".
En opinión de este grupo parlamentario, la creación de esta figura "no tiene repercusión en la mejora de la seguridad ciudadana", porque "si de lo que se trataba era de evitar la distracción de efectivos policiales hacia tareas que no sean estrictamente de seguridad ciudadana" se podría "empezar por discriminar tareas que puede hacer cualquier otro funcionario no necesariamente policial", como las citaciones, las notificaciones o los informes administrativos.
Asimismo, entiende que crear plazas de controlador de tráfico o de agentes de movilidad "ataca el concepto de seguridad integral en el ámbito local" y "perjudica directamente las aspiraciones históricas de la Policía Local y el interés ciudadano de caminar hacia un servicio integral de seguridad pública que rentabilice los recursos policiales, simplifique estructuras y reduzca coste sobre la base de la austeridad de medios".
