El juez mantiene en prisión a la expareja de Roca al ignorar su medio de vida y paradero anterior

VALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que investiga el conocido como 'caso Emarsa' ha decidido mantener en prisión provisional a María Águila Aladren, expareja del empresario Jorge Roca Samper, uno de los principales imputados en la causa y que se encuentra en paradero desconocido, al ignorarsu medio de vida y paradero desde el momento en el que se inició este procedimiento.

Por ello, ha desestimado la petición de su abogado, al entender que no han variado las circunstancias que motivaron la adopción de la medida y no quedar acreditado "arraigo alguno" en España ni datos objetivos que permitan deducir que vive en el país.

El magistrado considera que es "extremadamente arriesgado" dejar sin efecto la medida cautelar adoptada, que ha supuesto que Aladren sea la primera imputada que ha ingresado en prisión por esta causa, o modificarla para que la pudiera eludir mediante el pago de una fianza, dado que "en realidad se desconoce cuál ha sido el paradero y medio de vida" de esta persona desde el momento en el que se inició el caso.

Además, constata que en este periodo se ha producido la desaparición de su expareja, sobre el que la imputada ha dicho que se marchó del domicilio familiar en septiembre de 2010 y que solo ha mantenido contacto con él a través de un móvil en el que recibía llamadas y que no conserva. En este sentido, considera que las "pocas circunstancias" que se conocen sobre su medio de vida "ofrecen pocos visos de credibilidad" y rechaza los documentos que presenta para realizar su petición.

SIN VISITAS A PEDIATRAS

Así, sobre el documento acreditativo de derecho a asistencia sanitaria, donde constan sus hijos, apunta que la solicitud y emisión es de varios días después de acordarse la medida cautelar de prisión provisional. En esta línea, señala que es "inverosímil o muy difícilmente creíble" la versión de que el bebé, nacido en enero de 2011, no haya visitado a un pediatra desde su llegada a España ni que sobre la otra hija tampoco haya documentos.

El magistrado, que le atribuye un delito de blanqueo de capitales, recalca que la mujer llegó a España en julio de este año procedente de Rumanía con los dos menores, tras conocerse por los medios la petición de solicitud de una comisión rogatoria a Francia para proceder a su localización. La imputada ocultó en su declaración la existencia del viaje y no aportó datos que justificaran su estancia, según el magistrado.