La jueza acepta la personación de Ciudadanos como acusación popular en la causa de las VPP de Alicante

   ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La jueza de Alicante que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha aceptado la personación de Ciudadanos como acusación popular en la causa, según ha señalado este miércoles el partido en un comunicado.

   La magistrada pidió el pasado viernes a la formación que presentara una querella y que pagara una fianza de 3.000 euros para admitir su solicitud. Hace unas semanas también aceptó la personación del grupo municipal del PSPV del Ayuntamiento de Alicante.

   Ciudadanos ha indicado que su acusación popular estará dirigida por los abogados Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros y ha abundado en que la polémica de las VPP de Les Naus "ha generado una fuerte alarma social por el posible uso irregular de recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la vivienda".

   Recientemente, la jueza acordó, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres cargos de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana en Alicante. En concreto, al director territorial de la Conselleria en Alicante y dos funcionarios: la jefa del servicio territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.

"POSIBLE DESNATURALIZACIÓN"

   Desde este partido han hecho hincapié en que "la investigación judicial analiza posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la gestión de vivienda pública, en un caso que apunta a una posible desnaturalización completa del sistema de protección oficial".

   Así, han puesto el foco en la promoción de Les Naus, que cuenta "con piscina, gimnasio y pistas deportivas, levantada sobre suelo municipal", y que "habría acabado adjudicándose a cargos públicos, técnicos municipales y familiares de altos cargos, incluyendo perfiles con rentas elevadas que no cumplirían los requisitos de acceso". "Todo ello, mientras más de 5.400 familias permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda pública en la ciudad", han señalado.

   Además, han sostenido que "las inspecciones y las informaciones publicadas apuntan a que 46 de las 140 viviendas no tendrían a nadie empadronado y a la existencia de más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia habrían resultado adjudicatarios, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso".

"INDICIOS"

   Según la querella presentada, "existen indicios de que el procedimiento pudo verse alterado desde su origen, favoreciendo a determinados perfiles mediante el uso de información privilegiada, la posible alteración de las condiciones iniciales del proyecto o la intervención de personas con responsabilidades públicas en beneficio propio o de su entorno".

   Desde Ciudadanos han remarcado que "este caso no es solo una irregularidad administrativa, sino un posible fraude estructural al sistema de vivienda pública", y han agregado que, "cuando la vivienda protegida deja de servir a quienes la necesitan y pasa a beneficiar a redes de privilegio, se rompe la confianza en las instituciones".

   "Estamos hablando de suelo público y de un recurso limitado que debe gestionarse con absoluta transparencia. Si se confirma que ha habido trato de favor o aprovechamiento de posición, estaremos ante un caso muy grave que exige responsabilidades", han señalado.

   La formación ha insistido en que su personación responde a "un compromiso firme con la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción". En este sentido, recuerda que Ciudadanos "ya está personado en otras causas de relevancia nacional, como el caso Koldo y Ábalos o la investigación judicial relacionada con la gestión de la dana" del 29 de octubre de 2024 en Valencia. "Creemos que la defensa de la legalidad y de lo público debe ser coherente y sin excepciones", ha apostillado.

   Así, ha incidido en que continuará impulsando "todas las actuaciones necesarias en sede judicial para el completo esclarecimiento de los hechos y para garantizar que la vivienda pública vuelva a cumplir su verdadera función social".