La Junta de Fiscales de la Fiscalía del TSJCV reitera la "imparcialidad" de Cabedo y rechaza "interferencias políticas"

VALENCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Fiscales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó en la reunión extraordinaria celebrada hoy emitir un comunicado en el que reitera la "imparcialidad" a la que "se ha ajustado" el fiscal jefe del TSJCV, Ricard Cabedo, en la labor que desempeña, y rechazó, en este sentido, "interferencias políticas" porque "suponen una dificultad añadida que sólo puede redundar en el deterioro del servicio al ciudadano y el prestigio de la Administración de Justicia".

La Junta de Fiscales de la Fiscalía se reunió hoy para analizar las acusaciones de parcialidad vertidas por el PPCV contra Ricard Cabedo. Tras la reunión, el teniente fiscal, Miguel Angel Altés, explicó, en rueda de prensa, que la convocatoria de este encuentro respondía a la necesidad de elaborar un comunicado que "diera respuesta a las noticias aparecidas" y a la propuesta del PPCV de crear "una comisión para analizar la actuación del fiscal jefe".

El PPCV anunció el pasado 28 de septiembre que crearía una comisión de estudio con expertos para analizar las últimas actuaciones de Cabedo, "ante la duda de que se estén respetando los principios constitucionales y legales del Estatuto del Ministerio Fiscal".

Altés, que también presentó al nuevo portavoz de la Fiscalía Joaquín Baños, que será el encargado de coordinar toda la información de este órgano, afirmó que en la reunión hubo "muchos votos delegados" y señaló que la asistencia alcanzó "un 98 por ciento entre fiscales presentes y delegaciones", que aprobaron por unanimidad el citado comunicado.

Por su parte, Baños señaló que "es necesario que la sociedad conozca las vicisitudes de los procedimientos judiciales". Así, comentó que la Fiscalía persigue que "sea el Ministerio Público el que adopte una posición activa de dar información a través de los medios de comunicación para evitar que otras partes que no tengan la posición de imparcialidad del Ministerio Público transmitan una información sesgada, partidaria o acomodada a los intereses de la parte que la transmite".

Joaquín Baños leyó el comunicado en el que la Junta de Fiscales de la Fiscalía acuerda "reiterar una vez y de forma unánime, el reconocimiento hacia la labor desempeñada por el fiscal jefe, Ricard Cabedo, que en todo momento se ha ajustado a los principios de legalidad e imparcialidad que según la Constitución y su Estado Orgánico, han de presidir la actuación del Ministerio Público".

Asimismo, el comunicado recoge que el criterio que determina la realización de las actuaciones en el seno de las Diligencias de Investigación de la Fiscalía, "deriva exclusivamente de su utilidad para el esclarecimiento de unos hechos concretos y que puedan ser indiciariamente constitutivos de infracción penal".

En este sentido, Altés aclaró que "las pruebas y toda la investigación que se lleva a cabo en una diligencia de investigación son aquellas que van dirigidas única y exclusivamente a averiguar el hecho y la persona responsable". Por ello, subrayó que "no perdemos el tiempo en práctica de diligencias que no sirven absolutamente para nada o que desde un principio el hecho denunciado está claro que es de archivo", lo que, apuntó, "no quita que si el ciudadano al que se comunica el archivo y le hacemos saber que tiene derecho de reproducirla ante el juzgado, acuda" a este órgano. Por tanto, incidió, "no se le veta ninguna posibilidad".

"IMPARCIALIDAD"

También, la Junta de Fiscales "quiere dejar constancia" de que el fiscal al que por el turno de reparto le corresponde el despacho de unas Diligencias de Investigación, actúa igualmente bajo los principios de legalidad e imparcialidad con independencia de la afiliación política de las personas investigadas".

Al respecto, Altés indicó que "las diligencias de investigación no se las lleva un fiscal por capricho del fiscal jefe, sino que hay un turno y todos los fiscales que están en lo penal intervienen en las diligencias de investigación penal con un riguroso turno" y, por lo tanto, "en el decreto de nombramiento del fiscal se sigue el turno adecuado y se le nombra".

Así, explicó que hay "una facultad del fiscal jefe de poder nombrar a uno en especial", pero indicó que "hasta el momento no se ha hecho uso" desde "hace 15 ó 20 años" de este recurso, por lo que "se sigue el riguroso turno".

El comunicado recoge además que "si la actuación del Ministerio Fiscal resulta siempre ardua, por la importancia de los bienes jurídicos en conflicto sobre los que ha de pronunciarse, las interferencias políticas en su actuación --algo bien distinto de la legítima crítica en la sede adecuada--, suponen una dificultad añadida que sólo puede redundar en el deterioro del servicio al ciudadano y de la imagen y el prestigio de la Administración de Justicia".

Altés afirmó que "no nos gustan las interferencias políticas", si bien señaló que "la crítica la admitimos siempre", ya que, según comentó, "nos sirve para examinar nuestra labor y elevar al Gobierno razones para modificar el Código Penal".

Finalmente, la Junta de Fiscales considera "necesario" poner en conocimiento de la opinión pública "el derecho que todo ciudadano tiene de reproducir su denuncia ante la autoridad judicial, cuando discrepe de la decisión de archivo adoptada por la Fiscalía".

"ATAQUE" A LOS FISCALES

Al respecto, Altés incidió en que con este punto persiguen "hacer constar los derechos de los ciudadanos" y al mismo tiempo, "entendemos que esto viene a ser un ataque, no sólo al fiscal jefe, sino a los fiscales, cada uno en particular que lleva los asuntos a los que hacen referencia esos comunicados o por los que se quiere analizar la actuación del fiscal, sino también directamente a la institución del Ministerio Fiscal" y ante esto "tenemos que salir al paso", aseveró.

Por otro lado, afirmó, respecto a las declaraciones vertidas por el PP en las que critica que la Fiscalía no investigue actuaciones urbanísticas como una proyectada por el Ayuntamiento de Sueca (Valencia), gestionado por el PSPV, en el Parque Natural de l'Albufera, que "la licencia otorgada por el Ayuntamiento fue en 2004", año en el que, según dijo, "Cabedo no era fiscal jefe de aquí ni de Alicante", sino que "era fiscal simplemente de Alicante", por tanto, "difícilmente, podía tomar decisiones en esta fiscalía".

Además, recordó que se presentó un recurso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo y dio lugar a un procedimiento a principios de 2005, antes de que Cabedo fuera nombrado fiscal jefe para Valencia. Así, pidió que sobre este asunto "se hable con un poco más de seriedad y no como se está diciendo con tanta alegría que --lamentó-- lo único que hace es perjudicar la imagen de la justicia y ataca a la institución del Ministerio Fiscal".