La Junta de Residuos de Cataluña calificó como peligrosos en 1992 los residuos de la empresa Intal

CASTELLON 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Residuos de Cataluña calificó en 1992 como residuos industriales especiales los residuos que generaba la actividad de la empresa Intal, lo que significa que eran peligrosos, por lo que requerían un tratamiento especial y sólo podrían depositarse en vertederos autorizados para esta modalidad de residuos, según declaró hoy un inspector de dicho organismo en la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Castellón por un presunto delito contra el medio ambiente.

No obstante, el testigo reconoció que existe una hoja de aceptación correspondiente a un día en el que los residuos de Intal se caracterizan como inertes, sal común y para los que no cabe adoptar precauciones especiales.

El testigo-perito también aseguró que en las fichas de aceptación donde aparecía como productor Intal correspondientes a 1995, sólo aparecían como destinos de los residuos Hostalets de Pierola y Cerdanyola del Vallés, por lo que no se registraban los residuos que se vertían en la provincia de Castellón, y la Junta de Residuos desconocía este extremo.

Sin embargo, en una declaración que realiza la empresa en 1997 correspondiente a los datos de 1996 ya sí señala que la empresa Cotravi, propiedad de dos de los acusados, transportó 150 toneladas de polvo y cenizas y 1.065 toneladas de escoria al Pla de la Catalana (Oropesa), propiedad de otro de los acusados.

Según un acta de inspección levantada en noviembre de 1996 se comprobó que Intal vertió residuos en Oropesa desde mayo de 1995 hasta agosto de 1996, periodo en el que transportaba dos camiones semanales.

Por otra parte, el inspector de la Junta de Residuos explicó que la responsabilidad legal sobre la posible toxicidad de los residuos trasladados siempre es del productor y, en ningún caso, de los transportistas.

En la jornada de hoy también declararon dos agentes de la Policía Autonómica que participaron en algunas diligencias del caso, los cuales aseguraron desconocer que el Seprona de la Guardia Civil realizase en 1992 denuncias por el vertido de residuos de Intal en la Rambla de la Viuda (Almassora) y señalaron que los informes de la Policía se produjeron a raíz de las denuncias presentadas en 1996.

Ambos agentes participaron en la toma de muestras de un pozo colindante a un vertedero de uno de los acusados en Oropesa, en el que existían residuos en polvo y en bloques con olor a amoniaco que, posteriormente, supieron que procedían de Intal.

Por su parte, el gerente y director de la empresa Vaersa, adjudicataria de la Generalitat valenciana para la retirada de los vertidos de Intal en la provincia de Castellón, confirmó que el coste de los trabajos se elevó a 1,4 millones de euros.