VALENCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transporte de la Comunitat Valenciana extiende la regulación a todo tipo de servicio público, incluido taxis, vehículos discrecionales o coches de alquiler, así como a terminales de aeropuertos y puertos, los cuales deberán adaptarse a la nueva ley autonómica, con el fin de garantizar la accesibilidad y movilidad de los todos ciudadanos. Los plazos para lograr la adaptación de cada sector implicado se establecerán en la estrategia básica o reglamento que el Gobierno valenciano deberá desarrollar en el plazo de dos años.
Al respecto, tanto el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, y la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, destacaron hoy, durante el acto de presentación del Anteproyecto de Ley, que se trata de una norma "pionera", al "convertir en derecho de todos los ciudadanos un compromiso del Ejecutivo autonómico". Se trata de una ley "importantísima para el presente y el futuro de las personas con problemas de movilidad reducida, y que "marcará un antes y un después" en el marco legal, resaltó De Miguel.
El texto inicia ahora su trámite de audiencia para que asociaciones de discapacitados, consumidores y usuarios, además de representantes de los sectores implicados, realicen sus aportaciones, y, según apuntó García Antón, "la idea" es que la Ley esté aprobada antes de finalizar la presente legislatura. El objetivo de la misma es "garantizar las condiciones necesarias para que el sistema de transportes de la Comunitat Valenciana sea accesible a todos los ciudadanos, de conformidad con los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía".
Durante el acto de presentación, el director general de Transportes, Puertos y Costas, Vicente Dómine, explicó las principales novedades que presenta esta ley, entre las que destacó que aborda "íntegramente" el sistema de transportes con el objetivo de asegurar la accesibilidad "en todas las etapas que conforman los distintos desplazamientos". En concreto, la nueva norma hace referencia a los itinerarios peatonales, a las terminales y estaciones, al transporte público de viajeros y a otros medios de transportes terrestres, así como los estacionamientos.
Además, por primera vez, resaltó, la cuestión de la accesibilidad para todos se garantiza desde la etapa de planificación de las obras. Del mismo modo, la mejora se extiende a colectivos que en este tipo de normativa no están contemplados pero que también tienen problemas de movilidad, como personas mayores, mujeres embarazadas o personas que viajen con niños, además de las que van en silla de ruedas.
Asimismo, la Ley establece la protección específica de los desplazamientos peatonales y en silla de ruedas, para lo que obligará a dejar la vía libre de obstáculos, y contempla la implantación de una "línea roja" como "elemento de control frente a la obstrucción de cruces y paradas de autobús", lo cual se sancionará "muy contundentemente", según explicó Dómine.
RESPONSABILIDADES
En este sentido, la Ley compromete a todos a convertirse en accesibles en unos plazos determinados, que se fijarán en la estrategia básica de esta normativa; determina los responsables de las actuaciones, y delimita las competencias de las administraciones local y autonómica.
Por último, Vicente Dómine apuntó que la nueva ley se dota de "un instrumento que asegura el cumplimiento de sus objetivos", como es un régimen sancionador muy estricto para quien no cumpla la norma, que establece multas que van desde los 500 euros hasta los 300.000 euros.
Por su parte, García Antón subrayó que el texto responde a una "visión integral del servicio público" con el objetivo de "mejorarlo notablemente" y hacerlo "universalmente accesible para todo el mundo".
El conseller recordó que desde la conselleria de Infraestructuras llevan más de 10 años trabajando en la accesibilidad del transporte público metropolitano, y destacó que el 95 por ciento de las estaciones de Metrovalencia son accesibles y con las actuaciones que estamos llevando a cabo el próximo año lo serán el cien por ciento. Asimismo, añadió que tanto la red del Tram de Alicante como el TVR-CAS de Castellón son ya sistemas de transporte concebidos "totalmente accesibles".
Por otro lado, Alicia de Miguel explicó que el texto cuenta con la regulación de un Consejo de Participación del Transporte Adaptado de la Comunitat Valenciana, como órgano de nueva creación, y en el que participará el movimiento asociativo, con la finalidad de ayudar al Gobierno autonómico a "mejorar, día a día, las condiciones de accesibilidad del transporte valenciano".