VALENCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Sanidad, Rafael Blasco, aseguró hoy que la Generalitat Valenciana no contempla la posibilidad de modificar los criterios establecidos en el decreto que desarrolla la Ley Antitabaco en la Comunitat y calificó de "inconveniente" que el Gobierno central lo recurra. Según aseguró, una cosa es que determinados colectivos puedan plantear "discrepancias" hacia esta normativa autonómica "con toda la legitimidad del mundo" y otra distinta es que el ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero "quiera hacer pulsos" a la Generalitat.
Así lo indicó en la rueda de prensa de presentación del plan operativo sanitario para la temporada estival en relación con la decisión del ministerio de Sanidad de enviar un requerimiento al Consell para que rectifique el reglamento que desarrolla la ley estatal, al considerar que no es respetuoso con la normativa porque no exige compartimentación absoluta de zonas de fumadores y no fumadores en los locales de más de 100 metros, y la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se presentará un recurso contra el decreto.
Blasco afirmó que la Generalitat "vuelve a reafirmarse en las medidas adoptadas en el decreto correspondiente que aprobó el Gobierno a instancias de la conselleria, independientemente de algunas valoraciones que se están haciendo desde el Gobierno central". En este sentido, indicó que mantienen la tesis de que la normativa aplicable a la Comunitat "cuenta con todo el respaldo jurídico y permite una aplicación más flexible y razonable, sin dejar de reconocer, garantizar y preservar los derechos de los no fumadores".
Según dijo, "éste es el punto de inflexión en el que la conselleria quiere mantenerse" y añadió que si todas estas medidas no estuvieran contribuyendo a la disminución del número de personas que fuman, "sería un descalabro mundial".
"Pero no. Nuestros datos quieren decir que todas estas medidas van concienciando a la población, cada vez hay más respeto hacia aquellas personas que no son fumadores e incluso los fumadores van teniendo también más conciencia de los perjuicios que produce el tabaco y por lo tanto va habiendo una disminución", indicó, aunque añadió que es "muy difícil" disponder de estadísticas de este descenso porque los efectos "son muy recientes todavía".
Para Blasco, en este tema hay una cuestión "de fondo" y otra "formal". Así, dijo, "nos parece bastante inconveniente que el Gobierno de España presente recursos contra decisiones de un Gobierno autónomo, que tiene competencias específicas e instituciones de autogobierno propias". Asimismo, preguntado por la posibilidad de que también lo recurran asociaciones de consumidores, señaló que ésa es la "grandeza de la democracia, que todo el mundo pueda expresar su opinión".
El conseller manifestó que cualquier institución "está en su derecho para pronunciarse en el sentido que estime conveniente" y destacó la necesidad de ser "muy receptivos a cualquier opinión, incluso desde la discrepancia". No obstante, consideró que la posición del Consell es "muy fundada, argumentada y fundamentada" aunque "no tendríamos ningún inconveniente en tomar en consideración cualquier propuesta que se nos quiera hacer y ser sensibles a cualquier matización que se nos plantee".
En todo caso, diferenció entre "que haya colectivos que con toda la legitimidad del mundo planteen este tipo de discrepancias" y el hecho de que el Gobierno central "quiera hacer pulsos a esta autonomía a través de competir o plantear recursos a decisiones soberanas de un Gobierno como el valenciano".
"CHOCA FRONTALMENTE"
En este sentido, aseguró que a la Generalitat le parece que este tipo de medidas que adopta el ejecutivo central "choca frontalmente con el respeto de una España de las autonomías que tienen competencias y la responsabilidad de procurar y defender los intereses de la comunidad a la que sirven".
El conseller de Sanidad aseguró que el decreto valenciano fue "muy bien elaborado y contrastado" y destacó que cuenta con el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu, que es la entidad que "tiene el criterio y garantiza la juridicidad de una norma jurídica".
Por ello, lamentó la actitud del ministerio aunque insistió en que la posición de la Generalitat es "exactamente la misma". "Defendemos los criterios que se han establecido en el decreto, creemos que se ha hecho de forma que defiende los intereses de los no fumadores pero compatible desde un punto de vista de racionabilidad, comprensión y flexibilidad y eso es lo que nos parece que debe hacer un Gobierno", manifestó el conseller.