VALENCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de la Sociedad Estatal Aguas del Júcar, José María Marugán, aseguró hoy en el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia, que las consecuencias económicas de continuar las obras del anterior trazado del trasvase Júcar-Vinalopó habrían sido superiores a las derivadas de la suspensión del proyecto, acordada en una reunión de 29 de julio de 2005 del Consejo de Administración de la entidad después de que un día antes la Dirección General de Aguas del ministerio de Medio Ambiente planteó a la comisión técnica que había un trazado alternativo en estudio.
Marugán declaró como testigo en esta instancia judicial tras la denuncia presentada por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Alta, Andrés Martínez, quien como miembro del Consejo en ese momento a raíz de un convenio existente con el ministerio, impugnó la decisión adoptada de paralizar cautelarmente los tramos II, III y IV del trazado.
El consejero delegado de la entidad explicó que en la reunión del Consejo de Administración en la que se acordó la suspensión cautelar por dos meses de las obras de los tramos II, III, IV, del trasvase --que se alcanzó con dos votos en contra, uno de ellos de Martínez-- no existía una resolución escrita expresa del ministerio en este sentido. No obstante, el día de antes, en la Comisión técnica, la Dirección General de Aguas habló de la viabilidad y conveniencia de cambiar el trazado y se presentó un estudio alternativo en el que estaba trabajando el ministerio que implicaba un plazo de tiempo similar, no suponía sobrecoste y tenía mayor consenso de la cuenca cedente.
Asimismo, señaló que aunque no existía un documento económico sobre las consecuencias de la paralización aunque los consejeros de la entidad eran conscientes de que la ejecución de las obras en estos tramos no llegaba al uno por ciento. No obstante, indicó que no creía que fuera necesario ya que este informe no forma parte de la competencia de buena administración de un órgano de gobierno de una sociedad.
A preguntas de los abogados de la sociedad, Marugán indicó que tras este acuerdo de suspensión, se acordaron el 30 de septiembre y el 8 de noviembre dos prórrogas de cuatro y dos meses respectivamente, decisiones que no han sido impugnadas. En esta sesión también declaró como testigo el responsable de obras de la sociedad, Miguel Arenas, quien indicó que los 14,5 millones de euros que se adelantaron para hacer el proyecto --según las cifras comentadas en la sala-- eran para tubos y maquinaria que podría ser reutilizables.
Por su parte, el demandante pidió hoy al juzgado, a través de su abogado, que declare la nulidad o anulación de este acuerdo ya que sostiene que esta decisión no se ajustó a derecho porque "no contaba con los informes previos del organismo que tutela Aguas del Júcar, que es el Ministerio de Medio Ambiente" ni con el dictamen del Ministerio de Economía, que consideran preceptivo, sobre los costes económicos que para la sociedad supondría la paralización de las obras.
En su opinión, "en base a unas declaraciones no puede adoptar una sociedad pública estatal ese acuerdo", dijo, y añadió que para esta parte, el no disponer de ambos documentos son dos cuestiones que han quedado acreditadas en la vista. Ahora, la petición "quedará a la valoración del juzgado sin perjuicio de que en otras jurisdicciones se puedan entablar acciones que pudieran amparar a Andrés Martínez y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó".
ESTRATEGIA DE PARALIZACION
Por su parte, Marugán indicó a los periodistas tras declarar en el juzgado, que la "estrategia del PP pasa por la paralización de la conducción Júcar-Vinalopó". Sin embargo, afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente "tiene que dejar muy claro que no van a conseguir paralizar las obras de la conducción" y añadió que "incidentes como el de hoy no van a paralizar la firme voluntad incuestionable del ministerio en su compromiso de que la nueva conducción permita llevar 80 hectómetros cúbicos a finales de 2008 a Alicante".
El consejero delegado indicó que el BOE publicó el 2 de marzo la información pública relativa al proyecto básico, junto con el estudio de impacto ambiental, de la nueva conducción Júcar-Vinalopó y el 28 de febrero el anuncio de licitación del concurso de cinco tramos de la nueva conducción, con un plazo de presentación de proyectos de licitación que concluye el 22 de mayo de este año.
Marugán afirmó que la declaración de impacto ambiental estará principios del mes de mayo; la sociedad estatal adjudicará las obras de la nueva conducción a finales de junio, "con lo que el desarrollo de los proyectos constructivos y las expropiaciones podemos decir bien alto y claro que la nueva conducción Júcar-Vinalopó comenzará a ejecutarse a finales de 2006".
Con esta nueva conducción, dijo, la provincia de Alicante "no tendrán que hipotecar sus tierras ni presentar avales al contrario del convenio que les obligó a firmar el PP en 2001" e insistió en que no pararán la nueva conducción ya que es un proyecto "vivo y se desarrolla en base a la cohesión y la sostenibiidad para hacer el mejor trasvase".