VALENCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de personas han reivindicado este sábado en Valencia el derecho universal a la sanidad y han exigido la retirada del Real Decreto por el cual los ciudadanos que residan de forma ilegal en España no podrán disfrutar de la tarjeta sanitaria, ya que se trata de "una acción de xenofobia y racismo institucional".
Coincidiendo con la entrada en vigor este sábado del Real Decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad por el que se negará la asistencia sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular excepto en casos de emergencia, a mujeres embarazadas y a menores de edad, varias ciudades españolas han acogido concentraciones de repulsa a la medida.
En Valencia, el acto se ha celebrado a las 19.00 horas en la Plaza de la Virgen, convocado por la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, y los asistentes han mostrado pancartas en las que podía leerse "la sanidad es una necesidad, no un negocio", "migrar es un derecho, no lo hagas un problema", "ser inmigrante no es delito" o "no son recortes, es xenofobia", mientras otra apuntaba que "el problema son los banqueros, no los extranjeros".
El portavoz de la Mesa de Entidades de Solidaridad, José María Toribio, ha cuestionado en declaraciones a los medios que el objetivo de la medida sea el ahorro ya que, tal y como apuntó el conseller de Sanidad, Luis Rosado, podría establecerse una línea de financiación para que las ONG atendieran a las personas que se quedan sin tarjeta sanitaria, algo que a su juicio "duplicaría el gasto".
En cualquier caso, ha señalado que estas organizaciones no se harían cargo de esta asistencia porque el decreto en sí supone un ataque a los derechos humanos "desproporcional" que no van a tolerar. Además, se ha preguntado para qué sirve la medida si a partir de ahora, aunque se va a librar una factura a este colectivo, esta no se reclamará si no disponen de recursos.
"Es una falta de respeto y jugar con la salud de la gente", ha criticado Toribio, que ha pedido "que se acabe esto ya y se diga directamente que no se va a cobrar a nadie y que se va a atender a todo el mundo". De lo contrario, ha proseguido, "esas muertes, ¿en la conciencia de quién van a caer?.
Asimismo, ha detallado que unos 7.000 facultativos se han declarado objetores en toda la Comunitat Valenciana, una de las cifras más bajas a nivel nacional.
"ATENTADO CONTRA EL DERECHO A LA VIDA"
Por otra parte, los convocantes han leído un manifiesto en el que han exigido la marcha atrás en la medida, que constituye "una acción de xenofobia y racismo institucional" y "destruye el principio de sanidad universal, uno de los pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país".
Además, las ONG han subrayado que la retirada de la cobertura sanitaria supone "un atentado contra el derecho a la vida" de aquellas personas inmigrantes que a causa del paro no pueden acceder a un permiso de trabajo".
Han denunciado también los "argumentos falsos" en los que se apoya el Gobierno para justificar el decreto, ya que "el uso de la atención sanitaria por parte de inmigrantes está por debajo de la media de los ciudadanos españoles" y el denominado 'turismo sanitario' se debe a "la mala gestión del Gobierno en el cobro al resto de gobiernos europeos"
Asimismo, han resaltado que el decreto afecta al principio de salud pública y "provocará el colapso de las urgencias, afectando a la atención sanitaria de todos" y todo ello sin ahorrar ningún gasto. "Desgraciadamente, es una medida de racismo institucional de un Gobierno que ha olvidado que los derechos humanos no son opcionales ni dependen del lugar de origen de cada persona", concluye el manifiesto.
