VALENCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sector del metal de la Comunitat Valenciana estudia, junto a otros colectivos, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el decreto aprobado en el pleno del Consell del pasado viernes por el que se derogan tres decretos y diez órdenes en materia de industria y seguridad industrial, con la consiguiente eliminación de seis trámites de administración y la simplificación de "muchos otros" para abrir nuevas empresas del sector industrial, al considerar que "afecta gravemente a la seguridad industrial".
En un comunicado, las organizaciones empresariales del sector metalmecánico de Alicante (Fempa), Castellón (Femecas) y Valencia (Femeval) se refieren así a la decisión de "eliminar la regulación de determinadas actividades industriales" como "solución" para incorporar a la legislación autonómica la directiva de servicios 2006/123/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la ley 17/2009 de libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.
Al respecto, sostienen que si bien "el objetivo inicial era simplificar el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales, así como agilizar los trámites y procedimientos", la opción elegida "afecta gravemente a la seguridad industrial, a los consumidores y usuarios, y a las empresas y trabajadores, ya de por sí muy perjudicadas por la actual crisis".
De hecho, auguran que "si cualquiera puede decir que está capacitado para ejecutar unos trabajos sin tener que acreditarlo y sin asumir responsabilidad alguna, tal y como aparece en el nuevo Decreto, esto va a ser un desastre".
Argumentan, en este sentido, que mantener una empresa autorizada y que cumple los requisitos legales "es muy caro y complejo técnicamente, pero garantiza la profesionalidad y responde ante posibles eventualidades y problemas derivados de un trabajo defectuoso".
"RECORTAR GASTOS, PERO HACIENDO DEJACIÓN DE FUNCIONES"
En opinión del sector del metal, con este tipo de decisiones, el Consell "trata de quitarse de encima competencias que suponen actividad y control para recortar gastos, pero haciendo dejación de las funciones propias de la administración, y todo ello --subrayan-- en perjuicio de los ciudadanos".
Según señalan, tras las reuniones mantenidas con el secretario autonómico de Industria, José Monzonís, y con el director general de Industria, Rafael Miró, han solicitado reiteradamente la búsqueda de "soluciones similares" a las de Madrid, Murcia, Cataluña o Andalucía, que "no han suprimido el marco regulatorio" de los instaladores de fontanería, responsables técnicos de taller y mantenedores de ascensores, subestaciones eléctricas y centros de transformación.
Para el metal, el decreto aprobado por el Consell "incide de forma grave en la seguridad industrial, contribuye a fomentar el intrusismo profesional y la economía sumergida y, además, crea un agravio comparativo para los profesionales valencianos de este sector", ya que en comunidades colindantes como Murcia, Cataluña o Aragón "sí que son necesarios ciertos requisitos para ejercer estas actividades".
"Parece mentira que estas sean las medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell", afirman desde la representación empresarial del metal de Valencia, Alicante y Castellón, que asegura haber apostado por el diálogo abierto con la Generalitat desde que tuvo conocimiento de esa directiva de servicios y de su transposición al ordenamiento jurídico español. De hecho, destacan que entregaron un Documento de Seguridad Industrial con propuestas, sugerencias y planteamientos para la mejora del sistema de seguridad industrial.
En este punto, recalcan que "siempre ha sido una prioridad la reivindicación de un marco regulatorio de determinadas actividades industriales, de las que dependen miles de empleos directos e indirectos", entre las que figura la de instalador de fontanería, que creen que "debería mantenerse por motivos de seguridad".
Desde el metal argumentan que, con el nuevo decreto, "no existe un control y una supervisión sobre los diversos elementos de la instalación" y alertan de que "podría afectar a la calidad del agua en cada hogar y suponer un grave riesgo para la salud humana".
Así, apuntan que la legislación que regula esta actividad "debe revisarse y adaptarse al marco legislativo actual, pero no eliminar una actividad profesional como la de fontanería por la implicación que tiene sobre la sociedad".
MANTENER LA FIGURA DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE TALLER
Por otro lado, en referencia a la derogación de la orden por la que se regula la obligación de que los talleres de reparación de vehículos automóviles dispongan de responsable técnico, defienden que se mantenga esta figura al considerarla "una herramienta eficaz en la lucha contra los talleres clandestinos".
Alertan, en este sentido, de que su desaparición "conllevará la proliferación de talleres ilegales, lo que va en detrimento de la seguridad vial, además de servir de abono a la grave lacra que sufrimos en la actualidad, como es la economía sumergida y el intrusismo, que tanto daño hacen a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales".
También critican que se derogue la orden sobre mantenimiento de subestaciones eléctricas y centros de transformación, "cuando existe un proyecto de ámbito nacional para regular la referida actividad".
