De Miguel afirma que la Generalitat exigirá al Gobierno central la "mejor Ley de Dependencia posible"

VALENCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, afirmó hoy en Madrid que la Generalitat "va a exigir al Gobierno central la mejor Ley de Dependencia posible". En este sentido, aplaudió la llegada de una Ley de ámbito nacional que regule la atención a las personas dependientes en el conjunto del Estado, pero exigió que se regule "con coherencia, rigor, y solidez y garantice un tratamiento igualitario a todos los españoles", informaron hoy fuentes de la Generalitat.

Asimismo, explicó que el proyecto de Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia "carece de planteamientos concretos y soluciones efectivas".

De Miguel realizó estas declaraciones con motivo de su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en la que analizó el contenido de la regulación del régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno.

La consellera señaló que el Consell "lleva muchos años organizando una red de prestaciones sociales para todo aquel que lo necesita. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha consultado a las comunidades autónomas que tienen la competencia y la experiencia en este ámbito".

No obstante, añadió que "la Generalitat seguirá trabajando como hasta ahora en la atención a la dependencia, mejorando día a día las prestaciones para estas personas y sus familiares. Por compromiso y responsabilidad con todos ellos, vamos a apoyar la ley de Dependencia, vamos a exigir que España tenga la mejor ley, vamos a pedir que no se discrimine la atención de estas personas dependiendo en qué comunidad vivan, y que no se permita el sectarismo y la arbitrariedad".

La Comunitat Valenciana, explicó De Miguel, "lleva mucho tiempo atendiendo a personas dependientes, desde mucho antes que llegara José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, y para el Consell, la atención a las personas está muy por encima de toda consideración política".

Alicia de Miguel lamentó que "no se defina expresamente en el proyecto de ley la atención a la dependencia como un derecho subjetivo tutelado por la propia ley", así como "la ausencia en la misma de un cartera de servicios mínimos que se deban prestar en el conjunto del Estado, o que se remita en cuestiones esenciales como estas a posteriores reglamentos, entre otros aspectos".

Durante su intervención, criticó que el Gobierno central "se niegue sistemáticamente a que existan sistemas homogéneos en todo el territorio del Estado", y añadió que desde la Generalitat "esperábamos una norma que fijara un mínimo común denominador para la dependencia en toda España, que garantizara algo tan esencial como el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y prestaciones independientemente de su lugar de residencial. Y este es uno de los aspectos que la ley no garantiza".

Asimismo, señaló que "ésta es una ley trascendental, y como tal no se puede presentar como patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que debería sacarse de la agenda política y ser fruto de un amplio consenso de la sociedad".

La financiación y la viabilidad del sistema son algunas de las cuestiones que Alicia de Miguel considera que deberán ser objeto de una "profunda revisión", ya que según el proyecto, el 72 por ciento del gasto "deberá ser asumido por las Comunidades Autónomas y por el propio afectado, mientras que el 28 por ciento restante es la cantidad que aportará el Estado, una participación que nos parece insuficiente", dijo.

En este sentido, manifestó tener "serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema nacional de dependencia que regula el proyecto de ley, ya que va a suponer un notable incremento del gasto público, pero no se explicita cómo se van a obtener los recursos necesarios para ello".

También destacó la "enorme incertidumbre que generan los posteriores convenios con las distintas comunidades autónomas, que dejarán la atención a la dependencia sujeta a meras negociaciones políticas". Además, criticó la "insuficiente regulación de la cobertura privada de la dependencia", y apuntó "la importancia de llegar a un pacto entre todos los afectados que defina cuál va a ser la sostenibilidad del sistema".

HOJA DE RUTA VALENCIANA

Frente a las "incertidumbres" que, según las citadas fuentes, genera el Gobierno Central, el Consell afirma que ha diseñado su propia hoja de ruta de atención a la dependencia. Así, Alicia de Miguel afirmó que "la Comunitat Valenciana contará con más de 44.000 plazas de atención social al final de esta legislatura, una cifra que demuestra el esfuerzo que está realizando el Govern de la Generalitat por mejorar e incrementar las prestaciones sociales para las personas que viven situaciones complicadas, y en especial para las personas dependientes y sus familias".

De Miguel señaló que "desde el Consell valoramos la iniciativa del ejecutivo central, que por fin decide sumarse al camino que en la Comunitat iniciamos hace ya varios años, aunque lamentamos que a pesar de la tardanza presenten un proyecto de ley insuficiente, que opta por no implantar un sistema nacional con un mínimo común denominador de derechos y prestaciones para todo el conjunto del Estado".

Asimismo, insistió en que "nuestra mano está tendida al Ministerio para que entre todos podamos mejorar esta norma, entendiendo que lo único que debe preocuparnos son las personas, y que éstas deben primar sobre los acuerdos políticos. Lo único que nos preocupa es conseguir la mejor ley posible".

"Vamos a reclamar igualdad de derechos, igualdad de servicios y prestaciones en todo el territorio español, igualdad en las condiciones de acceso a la condición de dependiente. Y vamos a exigir que no se rompan los principios de cohesión y solidaridad territorial", añadió la consellera, concluyeron las citadas fuentes.