De Miguel asegura que más del 80% de las plazas que existen en la Comunidad para enfermos mentales están autorizadas

VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más del 80 por ciento de las plazas que existen en la Comunidad Valenciana para enfermos mentales están autorizadas, según informó hoy la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, durante una visita a la residencia de tercera edad San Lorenzo de Brindis de Massamagrell (Valencia), donde el pasado martes fallecieron cinco discapacitados psíquicos que se encontraban en la enfermería del centro.

De Miguel visitó las instalaciones de la residencia en la que, según indicó a los medios de comunicación, la mayor parte de las personas tanto mayores como menores de 65 años padecía algún tipo de patología relacionada con enfermedades mentales. El recorrido comenzó con la planta superior, donde la consellera entró en una de las habitaciones, para comprobar que esta parte de la residencia no había quedado afectada. Sin embargo, el aspecto cambiaba al entrar en el pasillo que da acceso a la enfermería, donde las paredes comenzaban a verse ennegrecidas y todavía podía apreciarse un característico olor a quemado.

Al lugar en el que fallecieron las cinco personas se accede por dos puertas: la del pasillo y a través de la consulta del médico, dependencia que estaba intacta. La enfermería, de medianas dimensiones, en cambio, se encuentra completamente carbonizada, sin cristales en los dos grandes ventanales, y sin falso techo. Las puertas ignífugas están por dentro absolutamente quemadas, al igual que el baño de la habitación. La consellera, que indicó que las puertas no estaban cerradas con llave, afirmó que la estancia sufrió el efecto de compartimiento estanco por lo que sólo se quemó esta sala y se demostró el buen funcionamiento de las estructuras al impedir que el fuego pasara a otras zonas.

Preguntada por las condiciones en las que se encontraban los cinco fallecidos, afirmó no tener "ninguna noticia de que hubiera ninguna persona atada ni de que estuvieran solos". En este sentido, indicó que estaban en la unidad de enfermería y, como en un hospital, esta zona dispone de vigilancia por parte de estos profesionales. "No me cabe duda", dijo y añadió que desconoce si en el momento en que se declaró el fuego "estaban solos o acompañados por alguien, pero cuando se pone a los residentes en estas zonas donde tienen que tener mayor cuidado porque tienen necesidad de mayor tratamiento sanitario, claro que están vigilados y observados".

La consellera, que no quiso pronunciarse en cuanto al origen del incendio hasta no tener los resultados de la investigación, habló durante la visita con responsables del centro que le explicaron que cuando se declaró el fuego, en seis minutos los residentes que podían valerse por sí mismos habían evacuado el recinto.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consellera aseguró que la pretensión de la Generalitat es "incrementar, mejorar, ordenar, autorizar y dar mucha más calidad a la situación de los enfermos mentales de la Comunidad" y resumió las actuaciones realizadas en este área en la creación de plazas, con más de 1.600 en estos momentos; medidas legislativas de ordenación y regularización de la situación de estas personas y un proceso de inspección y control de los centros para enfermos mentales y de aquellos en los que están ingresados aunque sólo tienen autorización para la tercera edad. De Miguel afirmó que dentro de "muy poco" se podrá decir que la inspección ha actuado en todas las residencias autorizadas.

Según dijo, actualmente el cien por ciento de las plazas para enfermos mentales que existen en Castellón está autorizadas, el 84 en Alicante y el 90 por ciento en Valencia. Este proceso de inspección "no se hace en un día", subrayó de Miguel, que añadió que su "reto" es investigar aquellos enfermos mentales que se encuentren en "residencias o lugares que en principio podemos incluso desconocer".

Asimismo, quieren crear una red de plazas de asistencia en forma de centros de rehabilitación e inserción social, centros de día, residencias y pisos tutelados que cubran por completo sus necesidades, amparada bajo un marco legal de ordenación y regulación y con "inspección suficiente" y "control absoluto" de los protocolos de actuación.

En este sentido, insistió en que el porcentaje "muy mayoritario" de enfermos mentales está en las plazas autorizadas pero hay una "pequeña" cifra que están investigando que se encuentran en residencias que todavía no tienen autorización. Frente a esta actuación del Gobierno del PP, De Miguel señaló que el ejecutivo socialista, mientras estuvo al frente de la Comunidad, "no se preocupó para nada" de su situación.

"CARROÑERO" DE LA POLITICA

De Miguel lamentó las críticas recibidas por parte de la oposición y aseguró que decir que la situación de la residencia, que en una semana obtendrá la autorización definitiva para albergar enfermos mentales, "tiene algo que ver con un desgraciadísimo accidente es ser un carroñero de la política". La consellera subrayó que la última inspección del centro fue en 2004 y dio "excelentes resultados". Por eso, estaba "en proceso de acreditación muy avanzado y por eso se les ha podido acreditar muy rápidamente porque estaba prácticamente terminado al cien por cien", dijo.

Para la consellera, "en estas situaciones vemos la catadura moral de las personas" ya que "frente a un gobierno responsable que viene aquí, está con los familiares y que está intentando que una situación terrible tenga las mínimas consecuencias", criticó que otras personas --en referencia a la diputada del PSPV Nuria Espí-- fuera allí al "pillaje".

Aseguró que ella seguirá con este trabajo en el que "no está todo conseguido" aunque tiene "la determinación de conseguirlo" porque "estamos muy cerca ya". La consellera reconoció que hay cosas que "están todavía por autorizar" ya que lo tiene "contabilizado" si bien, dijo, en la época socialista estos enfermos "no estaban contados". "A esta residencia, el gobierno socialista en 1992 y 1993 mandaba enfermos mentales y la tenía autorizada para tercera edad", dijo y criticó que el PSPV "cerró lo que había" para tratar a estas personas "y a todos los enviaron a su casa".