De Miguel cree que el Gobierno debe llevar a cabo "una política de inmigración ordenada para evitar tragedias humanas"

VALENCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, afirmó hoy que el Gobierno central "debe llevar a cabo una política de inmigración ordenada, organizada y planificada para evitar tragedias humanas", según informaron fuentes de la Generalitat Valenciana.

La titular de Bienestar Social, que realizó estas declaraciones durante su visita a la sede de la Asociación Valenciana de la Caridad, consideró que España "no puede seguir manteniendo una política de inmigración desordenada como la del Gobierno central, ya que ésta debe ser sostenible y garantizar el estado de bienestar". Para De Miguel, el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno central "ha producido alarma en la sociedad, tal y como ha demostrado la última encuesta del CIS, que indica que más del 60 por ciento de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes en España". Además, añadió, "se ha producido efecto llamada e incremento de las mafias que trafican con personas".

Asimismo, señaló que el Gobierno "ha demostrado incapacidad para detener la inmigración ilegal, incapacidad para actuar contra los inmigrantes que cometen delitos graves e incapacidad para organizar los reagrupamientos familiares en los países de origen de aquellos niños que vienen a España de forma ilegal".

En este punto, advirtió de que "este fracaso político del Ejecutivo central puede traer gravísimas consecuencias para el presente y el futuro del país, al ocasionar situaciones injustas de rechazo y xenofobia, y dificultar el sostenimiento de una sociedad justa, solidaria y cohesionada".

Así, De Miguel recordó que en 2005 "oficialmente fueron enviados desde Canarias a la Comunidad Valenciana un total de 172 inmigrantes, mientras que sólo en lo que llevamos de 2006 ya se ha enviado a 145 personas, señal de que los Centros de Recepción en Canarias, Ceuta y Melilla están saturados debido a la avalancha de subsaharianos que diariamente llegan a las costas, muchos de los cuales, lamentablemente, encuentran la muerte".

En esta línea, la titular de Bienestar Social indicó que "la Comunidad ha sido, es y será solidaria, de hecho es una de las comunidades más acogedoras de toda España", pero, puntualizó, "esa generosidad y hospitalidad ha de llevarse a cabo programada, ordenada y racionalmente".

Por este motivo, dijo, "una vez más hay que exigir al Ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero que ponga en marcha, como es su obligación, una política de inmigración basada en la planificación para garantizar a todos los que viven en España y en la Comunidad Valenciana un futuro de cohesión social y de prosperidad para todos". "Es una grave irresponsabilidad que el Gobierno central, que debe velar por todos sus habitantes, no ejerza su derecho y su deber de decidir cuántas personas que acuden desde fuera de nuestras fronteras para vivir y trabajar pueden hacerlo", aseveró.

DISCRIMINACION

Además, la consellera manifestó que "el Gobierno central discriminará en 2006 a las personas inmigrantes de la Comunidad, ya que sólo destina 37 euros por persona inmigrante, frente a los 90 euros de Extremadura, 74 de Andalucía, ó 67 de Castilla-La Mancha, comunidades todas ellas con ejecutivos socialistas". "Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid o Baleares, también han sido profundamente discriminadas", apostilló.

"Todo ello" --añadió-- "cobra una mayor importancia, ya que calculamos que, si la evolución de la inmigración continua en el mismo sentido, la previsión del impacto demográfico para el año 2009 supondrá un incremento en el porcentaje de población inmigrante en la Comunidad Valenciana del 12,45 por ciento actual al 16,30 por ciento, lo que significa pasar de 581.985 inmigrantes a 820.000".

Por ello, aseguró que el Gobierno valenciano "va a seguir haciendo todo lo posible, con actuaciones como el Plan Valenciano de la Inmigración, para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que quieran vivir y trabajar en la Comunidad Valenciana de forma ordenada y sostenible".

Al respecto, destacó la labor que la Asociación Valenciana de la Caridad desempeña "en la atención a los transeúntes y personas sin hogar" al tiempo que resaltó que "acoge y apoya cada vez a más personas extranjeras".

Esta entidad, que en 2006 recibirá de la Generalitat 150.000 euros para el mantenimiento del albergue y el comedor social, presta además servicios de ropero, servicios de higiene, aula infantil, centro de día y departamento de trabajo social, así como de acogimiento a personas inmigrantes, señalaron fuentes de la Generalitat. Para De Miguel, es "ejemplar" la labor que desempeñan asociaciones como ésta, puesto que, incidió, "la Comunidad Valenciana es una comunidad acogedora".