VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia e Interior incluirá en el registro de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) delitos que "hasta ahora no se estaban registrando", con la "prioridad de garantizar la asistencia y protección a todas y cada una de las víctimas".
En concreto, se ampliará la atención a delitos como amenazas y acoso en el ámbito laboral, delitos informáticos como el 'phishing' o el ciberacoso, delitos contra discapacitados o por motivos religiosos, delitos de trata y explotación sexual, 'bullying' y 'cyberbullying', delitos contra la integridad física, delitos contra el patrimonio o la ocupación ilegal de viviendas.
Así lo ha anunciado la consellera, Elisa Núñez, en una visita a la oficina ubicada en Llíria (Valencia) para "visibilizar y dar a conocer que la Generalitat pone a disposición de todos los ciudadanos una red de oficinas en el caso de que sean víctimas por cualquier tipo de delito".
"No solo asistencia letrada, sino también psicológica y social. Consideramos importante colocar a la víctima de la violencia en el centro del sistema, aplicar el Estatuto de la Víctima, sea quien sea la víctima: mujer, hombre, joven o mayor", ha expuesto.
También se ha reunido con representantes de la Guardia Civil para solicitar que remitan todos los casos de delitos en los partidos judiciales para "poder ayudar a todas las víctimas, no solo los casos de violencia sobre la mujer como se venía haciendo hasta ahora".
Paralelamente, la Conselleria impulsa nuevos protocolos de actuación y realiza mejoras en las aplicaciones para adaptar algunos delitos a las nuevas tipificaciones del Código Penal, añadir otros nuevos o que en los últimos tiempos están cobrando relevancia y ofrecer datos de la evolución de la atención desde la red de 37 OAVD en la Comunitat.
Estas oficinas prestan una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas y dan respuesta a sus necesidades en el ámbito jurídico, psicológico y social. Se trata de un servicio público y gratuito al que pueden acceder los ciudadanos, bien por iniciativa propia o a través de terceros como Fiscalía, otros órganos judiciales, la Policía o la Guardia Civil.
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