VALENCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno ordinario de las Corts de la próxima semana acogerá el debate de dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y el ámbito competencial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), además de cuatro proposiciones de ley, entre ellas la presentada por Podemos para reformar la Ley del Estatuto de los Expresidentes, y cinco proposiciones no de ley --una por cada grupo-- entre las que destaca la de Ciudadanos para suprimir el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Así lo ha acordado la Junta de Síndics, reunida este miércoles en las Corts, en una jornada en la que se han abierto las puertas a los ciudadanos con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. De hecho, al término de la reunión, los miembros de la junta han bajado hasta la puerta principal para recibir a algunos de los visitantes, un grupo de estudiantes con los que se han fotografiado.
El orden del día del pleno, que irá seguido de la sesión de control, consta de 17 puntos. Así, se abordarán dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y sobre el ámbito competencial del IVF, junto a cuatro proposiciones de ley: una sobre policías locales presentada por Compromís, dos de Podemos sobre cuentas abiertas y la Ley de Estatuto de los Expresidentes, y una última del PP sobre las diputaciones. A ellas se sumarán las preguntas, interpelaciones y proposiciones no de ley de cada grupo, cinco en total.
El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, ha adelantado que el pleno "va a ser maratoniano" y ha afirmado que el clima de la Junta de Síndics ha sido "muy agradable" y se demuestra que esta legislatura "la participación de la oposición va a ser superior a la de otra época". Por su parte, la portavoz 'popular', Isabel Bonig, se ha mostrado alegre porque "por fin el presidente comparecerá para someterse al control" después de "110 días sin que se someta a la fiscalización de la oposición y de las Cortes".
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicado, además, que la Junta ha acordado proponer al Consell que haya un miembro de cada grupo en el Consell de Cooperación --en la actualidad hay dos representantes del Parlamento--.
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, ha indicado que uno de los temas que llevará su formación al pleno es la proposición no de ley para suprimir el CJC, una línea de trabajo que plantea "los recursos públicos tienen que ser utilizados no para mantener a la clase política, sino para que lleguen a la ciudadanía y se gasten donde se tienen que gastar, que es en sanidad, en educación y en bienestar social".
Así, ha indicado que esta no es una medida aislada, sino una línea de trabajo que continuará y en las próximas semanas presentarán nuevas propuestas en este sentido. Ha defendido, por ejemplo, la necesidad de "vaciar de competencias las diputaciones provinciales, un órgano que hoy por hoy no tiene sentido en nuestra estructura administrativa, que de cada 10 euros que consume siete se dedican a mantenerse ellos como estructura y solo tres llegan a la ciudadanía" o la posibilidad de mancomunar los servicios de los ayuntamientos pequeños.
Respecto al CJC, al ser preguntada sobre quién realizaría los informes sobre las leyes en caso de su eliminación, ha indicado que hay dos posibilidades: que esa función vuelva al Consejo de Estado o la realice la Abogacía de la Generalitat. Dado que, según ha dicho, de las 30 personas que trabajan en CJC solo hay seis letrados "incluso podríamos plantear trasladarlos y reforzar los servicios de la Abogacía, que falta les hace".
"Hay mucho donde rascar", ha incidido Punset, que ha instado a pensar si "nos hacen falta 17 defensores del pueblo en España". A su juicio, se debe empezar a "meter la tijera donde le duele a los políticos" con una auditoría de las duplicidades que englobe tanto a organismos estatutarios como a los que no lo son y están duplicados.
ESTATUTO DE LOS EXPRESIDENTES
Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha considerado que empieza ya "un momento de alta intensidad política" y ha avanzado que su formación planteará en este pleno la retirada de las placas de los cargos públicos que hayan sido condenados por corrupción.
Además, respecto a la reforma de la Ley del Estatuto de los Expresidentes, ha defendido que no tiene "ningún sentido que un expresidente conserve privilegios como secretaria, asesor, coche oficial o seguridad" cuando muchos "acaban siendo de nuevo cargos políticos" en una "especie de puerta giratoria de lo público a lo público".
Ha resaltado, asimismo, que estos expresidentes utilizan esos privilegios pero "no nos dicen después en qué los emplean" y "mucho nos tememos que lo que han hecho es utilizarlos para seguir desarrollando su actividad política partidaria y no para trabajar al servicio de los valencianos". Por ello, desde Podemos abogan por introducir un "control social" y que estos tengan que presentar informes periódicos sobre cuál es su labor.