El pleno de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) debatirá una moción de censura contra el alcalde el 6 de marzo

   ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) debatirá "en principio" el viernes 6 de marzo la moción de censura presentada el pasado viernes por el PSPV y una edil no adscrita contra el alcalde César Palmer, quien es ex de Compromís, actualmente miembro del grupo de no adscritos y único integrante del equipo de gobierno, según han informado a Europa Press fuentes de los proponentes.

   Palmer se quedó solo en el ejecutivo municipal tras la marcha, el pasado noviembre, de dos concejales del PP y de la no adscrita Saray González, quien se presentó a las últimas elecciones locales junto al actual primer edil bajo las siglas de la coalición valencianista.

   Precisamente, González es una de las cuatro firmantes de la moción de censura junto a los socialistas Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina. La propuesta se registró el pasado viernes 20 de febrero.

   De prosperar la iniciativa, durante lo que queda de legislatura la alcaldía se la repartirán González, que asumirá en primer lugar la vara de mando con Ripoll como primer y único teniente de alcalde, y viceversa para la última parte del mandato, según recoge un comunicado de los proponentes.

"PARÁLISIS INSTITUCIONAL"

   Los ediles aseguran que "en el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar existe una grave parálisis institucional a causa de la falta de un equipo de gobierno, después de que el alcalde, César Palmer, haya quedado aislado y sin el apoyo de los concejales, que han renunciado a sus delegaciones y han pasado, en la práctica, a la oposición".

   "Esta situación ha bloqueado la toma de decisiones y la gestión municipal, afectando a los servicios públicos y los trabajadores, además de coincidir con procedimientos en curso en los que presuntamente estaría implicado el alcalde, hecho que exige un contrapeso institucional adecuado", agregan.

   En palabras de estos cuatro ediles, "todo esto está perjudicando al municipio y su ciudadanía, generando enfrentamiento y deterioro en la administración, por lo cual se considera necesario un nuevo gobierno que aporte estabilidad, planificación y transparencia".

   Los concejales firmantes apuntan que "durante los últimos tres meses" las negociaciones entre ellos "no se han detenido en ningún momento, buscando siempre desbloquear la situación de parálisis que está sufriendo", a su juicio, la localidad.

   "Por parte de Saray, se propuso crear un equipo de gobierno conformado por la totalidad de concejalas y concejales de la oposición, pero no fue posible. Finalmente, se ha decidido dejar de lado intereses personales y crear un proyecto de futuro estable, de unidad y de paz, capaz de gestionar las necesidades de todo el vecindario de la población", explican.

   También señalan que "las decisiones estratégicas y aquellas que requieran acuerdos o actos ejecutivos del Ayuntamiento", sobre "presupuestos, modificaciones presupuestarias relevantes, contratación, personal, mociones plenarias de carácter estructural o cualquier otra cuestión que afecte a la estabilidad institucional", requerirán "acuerdo previo y unánime de los cuatro miembros del equipo de gobierno".

   Del mismo modo, los firmantes se comprometen a crear "una comisión interna para la revisión inmediata de la situación económica municipal, con el objetivo de elaborar un presupuesto ajustado a la realidad en un plazo máximo de 30 días desde la constitución del nuevo gobierno".

   En este sentido, para "recuperar cuanto antes mejor la normalidad institucional y centrar todos los esfuerzos en el trabajo por el pueblo y sus necesidades", creen que "este es el momento de priorizar la gestión y la serenidad".

INFORME DEL INTERVENTOR

   La moción de censura llega meses después de conocerse el informe del secretario-interventor del consistorio, fechado a 25 de noviembre de 2025, que alertaba de una "gestión irregular de fondos públicos realizada fuera del sistema económico municipal", al hilo de que el alcalde, "al parecer y según sus propias manifestaciones", denunciara "ante la Guardia Civil la sustracción de 6.300 euros" en efectivo procedentes de la recaudación de servicios municipales que estaban "en su despacho".