La Pobla de Vallbona construye colectores para que más de 2.000 chalets de la zona norte viertan sus aguas residuales

Europa Press C. Valenciana
Actualizado: sábado, 22 abril 2006 21:09

VALENCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona invirtió 170.000 euros para construir colectores en la zona norte del municipio para que los habitantes de más de 2.000 chalets viertan sus aguas residuales que generan en la red general en la depuradora de la localidad, según informaron hoy fuentes de la institución.

Las aguas residuales de estas viviendas se virtieron desde hace años a pozos ciegos que, finalmente, se filtran en muchas ocasiones hasta llegar a los campos agrícolas de cultivo del término municipal, con los "evidentes" perjuicios que esta situación ocasiona.

El futuro servicio de los colectores se ampliará, además, a las viviendas previstas en los programas de actuación integrada (PAI) que se construirán en los próximos años, por lo que, según las mismas fuentes, tanto las viviendas existentes como las futuras, se encargarán de la financiación de este proyecto.

En este sentido, el concejal de Urbanismo de la Pobla, José Ramón García Ferrer, insistió en la "importancia" de acometer este proyecto que, aseguró, dará servicio a más de 2.000 hogares de la zona norte "porque permitirá poner fin a un problema urbanístico y ambiental que está padeciendo el municipio desde hace años por la inoperancia del PP y que ahora este equipo de gobierno llevará a cabo de forma decidida", explicó.

Así, los núcleos residenciales que se beneficiarán con esta medida son Barranquet; Casa Blanca; Cerrao; Gallipont I; Hornillo; Lloma Llarga I y II; Lloma del Porret; Manguilla; Maquiva; Maravisa; Mas de Jiménez; Mas Nou; Pedrera; Pla de la Cova; Pouet y Rincons, los cuales carecen, actualmente, de las obras de urbanización como el asfaltado, alumbrado público y alcantarillado, puesto que, según indicaron, son zonas que se construyeron hace ya muchos años al margen del planeamiento urbanístico, pero que el anterior equipo de gobierno, del PP, se encargó de legalizarlas en el plan general de 1995.

Las mismas fuentes señalaron que el equipo de gobierno actual exige a los propietarios de las viviendas nuevas que carecen de su conexión a la red general de alcantarillado a instalar depuradoras químicas, costeadas por ellos mismos, para evitar su vertido a los tradicionales pozos ciegos, una exigencia que se estableció bajo el mandato del actual gobierno local, y que evita, por tanto, un deterioro del medio ambiente y, en muchas ocasiones, añaden, su filtración a los campos de cultivo agrícolas.

Además, aseguraron que el coste económico de los colectores nuevos que sean necesarios para su conexión posterior a la depuradora se realizará con cargo a los planes urbanísticos previstos en estas zonas, de las que la mayoría, señalaron, no se han ejecutado todavía las obras de urbanización, como el asfaltado, luz pública o alcantarillado; y a las viviendas ya consolidadas que se beneficiarán del mismo proyecto.

El edil de urbanismo de la Pobla incidió en la necesidad de profundizar en las líneas políticas del actual equipo de gobierno, que, según las mismas fuentes, consiste en un urbanismo "racional, coherente y planificado" para conseguir un municipio "habitable, moderno y dotado" con todos los servicios que demandarán los futuros habitantes durante los próximos años.

Además, el Ayuntamiento de la Pobla aprobó, recientemente, una ordenanza por la que se pagará a partir de ahora todas las infraestructuras y los servicios públicos mediante los diferentes programas urbanísticos que se desarrollen en el término municipal, una medida que, según fuentes de esta institución, es pionera en esta localidad, en el Camp de Túria y en el resto de municipios valencianos.

Asimismo, destacaron que la anterior fórmula para financiar esos proyectos consistía en destinar recursos propios, solicitar créditos bancarios o esperar la concesión de ayudas o subvenciones por parte de la administración autonómica y provincial que, por otro lado, tampoco evitaban hipotecar la capacidad económica del Ayuntamiento, concluyeron las citadas fuentes.

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