VALENCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la ley de Ordenación Farmacéutica establecerá como preceptiva la obligación de dar publicidad a la fecha de designación de locales para hacer posible la presentación de solicitudes de traslado de oficinas de farmacia, según una enmienda del PSPV aprobada hoy durante el debate de este proyecto legal en la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes.
El PP aceptó además otra enmienda del mismo grupo por la que la información sobre el servicio farmacéutico de urgencia figurará en cada una de las oficinas de farmacia en un lugar visible desde el exterior y redactada "en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana".
El grupo popular rechazó, sin embargo, las enmiendas de mayor calado de la oposición, entre ellas una del PSPV que pedía mayores garantías de concurrencia pública en la valoración de méritos del procedimiento de autorización de nuevas oficinas farmacéuticas y que se primaran criterios como el de estar en situación de desempleo y poseer discapacidad física.
El diputado del PP Antonio Clemente defendió que la modificación de la ley pretende precisamente "clarificar" el proceso de adjudicación de farmacias y que exista "mayor transparencia", y subrayó que la Comunitat Valenciana es la única autonomía que introduce el examen como un mérito más en los concursos para acceder a una nueva oficina, con lo que se dan más facilidades, agregó, para que los jóvenes titulares puedan acceder a una farmacia.
También resaltó que la valenciana es la única comunidad que en tres convocatorias sucesivas, desde 2004 hasta 2006, ha conseguido la apertura de 219 nuevas oficinas de farmacia, mientras otras autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía que lo han intentado han impulsado "procesos tan torpes que han sido tumbados por los tribunales".
La ley busca que exista más posibilidades de apertura de farmacias, que las solicitudes sean individuales y que los municipios de más de 20.000 habitantes tengan servicio farmacéutico las 24 horas del día los 365 días del año, remarcó.
La parlamentaria del PSPV Encarna Llinares señaló que las modificaciones incluidas en este proyecto legal "no resuelven ni mejoran" el grueso de la ley de Ordenación Farmacéutica, aprobada en 1998 y que ya sufrió una modificación en 2003, y defendió la necesidad de establecer mayores garantías en los procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia.
Llinares reclamó en este sentido "más trabas para que aquellas personas que poseen oficinas de farmacia que han transmitido su titularidad o son cotitulares tengan menos oportunidades para un nuevo concurso", de manera que se evite la "picaresca" de vender sus oficinas aprovechándose de que poseen un currículum con numerosos méritos por ejercicio profesional.
La diputada lamentó también que no se incluya, según dijo, ningún nuevo artículo para potenciar el uso racional del medicamento, cuando "es el gran problema que existe" por la "falta de una política de planificación adecuada" por parte de la Generalitat. Denunció además que la Comunitat Valenciana "es la que más gasta en medicamentos" y la que "menor" uso realiza de los genéricos.
PASAR "EL RODILLO"
Por su parte, el diputado de EU-Entesa Alfred Botella lamentó que el PP haya pasado "el rodillo" sin aceptar ninguna de las enmiendas de su grupo, lo que atribuyó a que pretende aprobar en solitario esta reforma, al igual que hizo con la ley de Ordenación Farmacéutica en 1998.
Botella calificó de "chapuza" esta nueva modificación legal, aunque reconoció la existencia de aspectos "positivos" como el hecho de que prime la solicitud de una nueva oficina de farmacia por parte de un profesional respecto a un traslado de otra, y reclamó un cambio de la la ley en su totalidad, porque, según dijo, se ha demostrado que es un "bodrio".
El diputado consideró un "avance" que se garanticen servicios de urgencia en oficinas de farmacia en poblaciones de más de 20.000 habitantes, aunque lo catalogó de "insuficiente", porque se exige el requisito de que exista un centro de salud con atención continuada, cuando, según denunció, la conselleria de Sanidad está exigiendo que las localidades tengan más de 25.000 habitantes para ubicar instalaciones sanitarias de estas características.