VALENCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El PP rechazó hoy en la Comisión de Educación y Cultura de las Corts Valencianes una proposición no de ley de EU-Entesa que pedía la derogación de la orden de la Generalitat que suprimió la homologación de los títulos de conocimientos del valenciano de la Comunitat con los expedidos por Cataluña y Baleares con el argumento de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo ya ha hecho efectivo lo que este grupo parlamentario solicitaba en su propuesta.
La diputada popular Carolina Salvador afirmó que la proposición no de ley presentada por EU-Entesa "está resuelta" por la sentencia de 15 de marzo del Tribunal Supremo, ya que este fallo*"lo que hace es derogar la orden" que se estableció la no homologación de los certificados de aptitud lingüística emitidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià con los otorgados por Cataluña y Baleares, por lo que, en opinión del grupo mayoritario de la Cámara, la iniciativa debería haber sido retirada.
Salvador aseguró que el Consell "defiende el idioma y la lengua valenciana" porque así viene "reconocido" tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía, texto este último donde así se menciona "claramente". Además, apeló a*la alusión al "idioma valenciano" que realiza el*preámbulo de la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
La parlamentaria lamentó que la lengua propia sea utilizada como elemento de "discordia" y no como "una seña de identidad" para la "unión" entre valencianos, y defendió que "el idioma valenciano debería dejar de ser motivo de debate partidista" y* para*llegar a un entendimiento "en lo que es la defensa de la lengua valenciana y del idioma valenciano".
La iniciativa presentada por EU-Entesa, que también pedía la realización de las acciones necesarias ante el Gobierno de Baleares para conseguir la homologación de las titulaciones que expide esta comunidad, alegaba que tanto el Tribunal Constitucional en 1997 como el Tribunal Superior de Justicia como la AVL "sancionan el hecho científico e histórico de la unidad lingüística entre las lenguas propias de los territorios de la antigua Corona de Aragón".
El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona señaló que el Consell ha sugerido que no tiene intención de aplicar la sentencia, por lo que podría incurrir en "desacato" y en un "claro caso de prevaricación" si finalmente no cumple con este fallo.Lamentó además que el PP trate de "imponer" que "una diferencia administrativa sirva para diferenciar lenguas", "en contra" del criterio científico de las universidades, de la propia AVL, de siete sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y de una sentencia del Constitucional
Cardona recordó que más de 10.000 valencianos que trabajan en el ámbito de la docencia en Baleares han tenido que superar un proceso de reciclaje y un examen debido a que esta comunidad suprimió la homologación de títulos de conocimientos lingüísticos en respuesta a la decisión que adoptó previamente la Generalitat, y subrayó que, por el contrario, los alrededor de 10.000 ciudadanos de la Comunitat que trabajan en Cataluña tienen reconocidos los certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
La portavoz adjunta del PSPV Isabel Escudero mostró el apoyo de su grupo a la propuesta de EU-Entesa y pidió "cordura" al Consell para aceptar una homologación de títulos que, según destacó, ya está siendo aplicada en la práctica, pero "a escondidas". Escudero subrayó en este sentido que, en lugar de la homologación automática que se practica en Cataluña, la Generalitat valenciana está aceptando convalidaciones individuales a petición de los interesados, y recordó además que las universidades valencianas tienen regulada esta cuestión y homologan estudios universitarios de Cataluña y Baleares.
La parlamentaria advirtió de que, si la Generalitat no cumpliera la sentencia del Supremo, "prevaricaría", pero sobre todo "engañaría a la ciudadanía" de la Comunitat, y señaló tambie'n que detrás de la postura del Consell en torno al valenciano se busca "esconder" que existe una sanidad y una escuela públicas "en crisis" y sin suficientes recursos, así como una situación de las cuentas públicas de la Generalitat en "quiebra" o unos medios de comunicación públicos "intervenidos".
