El PP dice que el caso de las VPP "no es tema" para la Diputación de Alicante mientras la oposición pide explicaciones

   ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La polémica sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha centrado la parte de mociones del pleno de la Diputación celebrado este miércoles.

   Por un lado, el PP, que gobierna la institución provincial con mayoría, ha afirmado que este "no es un tema político para tratar en esta administración" y ha remitido al pleno monográfico y extraordinario previsto para este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Mientras tanto, el resto de grupos, que conforman la oposición, han reclamado explicaciones y han proferido críticas a los 'populares' de diferentes maneras.

   El debate sobre las VPP se ha iniciado por una moción formulada por el portavoz de Compromís, Ximo Perles, para "exigir responsabilidades políticas, transparencia y un cambio del modelo del Plan Vive", que promueve la Generalitat, "ante el escándalo de adjudicación de viviendas protegidas a altos cargos del PP".

   La propuesta no ha prosperado, ya que ha sido tumbada con el voto en contra del PP (15), que cuenta con mayoría. Así, no han sido suficientes los apoyos de PSPV y Compromís (14), mientras que la representante de Vox se ha abstenido (1).

COMPROMÍS: "CORRUPCIÓN MORAL Y POLÍTICA"

   El diputado de la coalición ha aseverado que este caso se resume en que hay viviendas adjudicadas a personas que "no eran las más necesitadas de tener" VPP y ha añadido que "está por ver" si alguien "tenía información privilegiada".

   En este sentido, Perles cree que estos "escándalos", "con independencia de qué digan los juzgados, suponen una corrupción moral y política de primera magnitud". También ha destacado que esa moción, que finalmente ha sido rechazada, reclama un cambio en la regulación.

VOX: "ESCLARECER LOS HECHOS"

   Desde Vox, su portavoz, Gema Alemán, ha abogado por defender "el interés general y la transparencia y plantearse las medidas correspondientes para impedir adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas directa e indirectamente al proceso de adjudicación de las VPP, incluso aunque no participen en ningún tramite administrativo al respecto".

   Asimismo, ha reclamado una "investigación seria a nivel municipal y una revisión de la normativa y de los protocolos que afecta a la adjudicación de viviendas protegidas", aunque considera que "primero" hay que "investigar, determinar y esclarecer los hechos" ocurridos en Alicante y luego "sacar las conclusiones pertinentes para proponer las reformas legales correspondientes".

   También ha acusado a Compromís de "hipocresía" y "enchufismo" por, según ha recalcado, "ascender a dedo dos veces" durante el Consell del Botànic al funcionario expedientado por la Generalitat por un visado de esta promoción, marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que, además, es trabajadora del Ayuntamiento de Alicante, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

   Al respecto, Perles ha manifestado que tiene "entendido" que el caso de ese trabajador fue una "promoción interna", tras lo que ha apuntado: "Si alguien de Compromís, sea funcionario o no, mete la mano en la caja, que se la corten. Fin. Fin. No hay hipocresía".

PSPV: "NO HA SIDO EL AZAR"

   Por parte del PSPV, el diputado Raúl Ruiz, quien además es concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, considera que "no ha sido el azar el que ha puesto en las primeras posiciones de la lista de adjudicatarios de viviendas protegidas a la concejala de Urbanismo de Alicante", la ya dimitida Rocío Gómez, "y a familiares de altos cargos".

   Según Ruiz, "no ha sido tampoco el azar" ni "ningún técnico de la Generalitat" el que "subió el limite de renta para acceder a estas viviendas protegidas a casi 6.000 euros al mes apenas un año antes de adjudicarlas".

   "Han utilizado suelo público para beneficiar a personas vinculadas al propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante y esto es un auténtico pelotazo disfrazado de política pública de vivienda", ha valorado.

   En la misma línea, ha manifestado: "¿Cómo le explican ustedes a una ciudad con más de 5.400 familias en lista de espera de vivienda pública que se han promovido 140 pisos protegidos en suelo municipal, los primeros en 20 años, y que acaben en manos de cargos públicos del PP, de familiares de altos cargos y de técnicos municipales?".

   En este contexto, ha reclamado "explicaciones" al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), y ha recordado que el grupo municipal socialista también ha llevado el caso a la Fiscalía tras apreciar la presunta comisión de "hasta cinco delitos", concretamente "prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal".

   "Tenemos las ratas en La Rambla, tenemos las ratas en los barrios y ahora también tenemos ratas de dos patas viviendo a cuerpo de rey en la Playa de San Juan a 50 metros del mar", ha sentenciado Ruiz.

PP: "MÁXIMA COLABORACIÓN"

   Desde el PP, la diputada provincial Cristina García, quien además es edil del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ha señalado que el asunto de las VPP "no es un tema político para tratar en esta administración".

   Igualmente, ha valorado la moción de Compromís como un "intento desesperado de quienes habiendo sido incapaces de construir una sola vivienda" durante el Consell del Botànic "ahora buscan paralizar" a "quienes por fin trabajan para construir hogares". De este modo, la representante 'popular' ha defendido el Plan Vive de la Generalitat, basado, a su juicio, "en la acción y soluciones reales".

   Sobre el caso de las VPP y la "asunción de responsabilidades políticas", García ha señalado que "se aceptaron de forma inmediata" las dimisiones de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que se produjo tras conocerse que era adjudicataria de un piso de esta promoción, y de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, a raíz de las informaciones que señalan que familiares suyos son beneficiarios.

   Según la diputada provincial y también concejala del equipo de gobierno de Alicante, estas dimisiones son "un acto de responsabilidad para permitir que la investigación se desarrolle sin ningún inconveniente".

   Además, se ha referido al caso del funcionario expedientado por la Generalitat entre críticas a la izquierda por, según ha manifestado, haberlo nombrado "jefe del Servicio de Vivienda y Protección Oficial".

   La diputada ha sostenido que el Ayuntamiento actuó de forma "inmediata" al encargar Barcala un expediente de averiguación de hechos, que concluyó que Gómez y Pérez-Hickman no tuvieron "poder decisorio" en los procedimientos relacionados con el contrato de enajenación de la parcela donde se construyeron las viviendas. También ha indicado que el consistorio ha mostrado "máxima colaboración con la justicia" y que remitió el asunto a Fiscalía este martes.

   Sobre la petición de explicaciones al alcalde, García ha remitido al pleno del Ayuntamiento previsto para este jueves. "El verdadero problema no es la falta de transparencia, sino un marco normativo autonómico heredado y parcheado durante años por el gobierno del Botànic", ha señalado.

TONI PÉREZ: "DEBATITOS LOCALES"

   El presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP), ha pedido a Perles que retirara algunas palabras de su intervención, algo a lo que el diputado de Compromís no ha accedido, y, además, ha lanzado este mensaje a Ruiz (PSPV): "Esto es la Diputación provincial. Que no venimos a hacer aquí debatitos locales de cada uno".