PP, PSOE y Vox elevan al pleno de Alicante la adhesión al convenio para sancionar pisos turísticos

   ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   PP, PSOE y Vox han aprobado este viernes en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante elevar al pleno de enero la adhesión al convenio para que el consistorio asuma la potestad de incoar, tramitar y resolver infracciones a viviendas de uso turístico (VUT). Por su parte, Compromís y EU-Podem se han abstenido.

   La asunción de competencias sancionadoras se suma a "otras medidas ya adoptadas" para "garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, como son la moratoria en la concesión de licencias" a VUT y la tramitación de la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad", según ha indicado el equipo de gobierno 'popular' en un comunicado.

   También ha subrayado que la propuesta de adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicial de cinco años y que "viene refrendada por un informe favorable" del Servicio de Economía y Hacienda "sobre estabilidad presupuestaria" y otro dictamen del Servicio Jurídico municipal en el que se afirma que "no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone".

   Asimismo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la Concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del área y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.

   En concreto, este dictamen estima "un incremento de la carga de trabajo del 20 por ciento, un impacto presupuestario en ingresos de 8,8 millones en cinco años y un impacto nulo en gastos, ya que el personal" que se tendría que incorporar al departamento "no" supondría un aumento de la plantilla presupuestaria, "sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha".

"AMPLIO CONSENSO"

   El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), ha mostrado su "satisfacción" por "el amplio consenso alcanzado en una propuesta que es de vital importancia para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal" en la capital alicantina.

   Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha incidido en que "esta medida, que fue pactada por el grupo mayoritario de la oposición y el equipo de gobierno, debería ser efectiva para evitar viviendas de uso turístico ilegal y facilitar un aumento del parque de vivienda de alquiler".

   No obstante, ha enfatizado que es "imprescindible" que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), "garantice el personal suficiente y necesario para llevar a cabo un control efectivo", según ha trasladado el grupo socialista en un comunicado.

   Además, ha apuntado que el departamento de Sanciones "estaba formado hasta ahora por seis trabajadores" y "la propuesta incluye la incorporación de otras cinco plazas; entre ellas, dos agentes de policía".

   Del mismo modo, el PSPV sostiene que, "según el equipo de gobierno, este año se repondrán 60 plazas de puestos municipales que en estos momentos están vacantes y con parte de ellas se reforzará Urbanismo".

   Barceló ha hecho hincapié en que "esta fue una de las condiciones para que el grupo socialista aprobara la ampliación de la moratoria de concesión de licencias de pisos turísticos a los bloques completos".

   "Es fundamental que el Ayuntamiento ejerza un control exhaustivo sobre la actividad de los pisos turísticos ilegales y que se persiga y se sancione una actividad ilegal que causa un perjuicio global a la ciudad, por eso pactamos esta medida con el PP", ha concluido.

COMPROMÍS: "SIN PERSONAL"

   Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que la coalición, que se ha abstenido en la comisión, ha estado "un año y medio pidiendo a Barcala que asuma las competencias para inspeccionar, cerrar y multar a los pisos turísticos ilegales, desde que el decreto del Consell entró en vigor en agosto 2024 y lo posibilita".

   También ha manifestado que "por fin" el consistorio va a asumir estas competencias, pero "sin personal, sin policía, sin administrativos" y "sin inspectores", según ha sostenido en declaraciones distribuidas a los medios.

   "¿Cómo se va a inspeccionar, cerrar y multar los pisos turísticos ilegales sin más personal? Ahora mismo tenemos solo un inspector y nueve agentes en la policía adscritos a Urbanismo. Si tienen una sobrecarga de trabajo de un 25% ya de normal, ¿cómo van a subir nuevas competencias sin personal?", ha añadido.

EU-PODEM: "CONTRADICCIONES"

   Finalmente, EU-Podem ha justificado su abstención en que "comparte la necesidad de actuar frente a una realidad que afecta gravemente al acceso a la vivienda y a la convivencia en los barrios", pero advierte de que "la medida nace sin medios suficientes y con importantes contradicciones".

   "El propio expediente reconoce que cerca del 80% de las actuaciones inspectoras se inician por denuncias vecinales y que la carga de trabajo aumentará un 20%, con procedimientos complejos y alta litigiosidad, mientras sostiene que el impacto económico será cero", ha recalcado en un comunicado.

   Al respecto, el portavoz de EU-Podem en el consistorio, Manolo Copé, ha asegurado que "no se puede asumir más trabajo y más complejidad sin refuerzos reales de personal".

   "Asumir ahora estas competencias supone, de hecho, reconocer el fracaso de la administración que las ejercía hasta ahora, que durante años no ha sido capaz de actuar con eficacia frente a las ilegalidades, pese a las reiteradas ruedas de prensa de la consellera Marián Cano presumiendo de una gestión que no se ha traducido en resultados reales", han aseverado desde la coalición.

   Según EU-Podem, "lejos de reforzar los medios, el expediente se apoya en redistribuciones internas que tensionan aún más a la Policía Local, una situación que los propios agentes vienen denunciando" porque, ha apuntado, "la plantilla está bajo mínimos" y "faltan más de 150 agentes para cubrir adecuadamente los servicios".

   También sostienen que hay una "contradicción del alcalde, que ha pasado de minimizar el impacto del turismo a presupuestar 8,8 millones de euros en sanciones a viviendas turísticas ilegales". "La vivienda no puede convertirse en una partida estructural de ingresos", han insistido.

   "Por responsabilidad institucional, el grupo municipal no ha bloqueado una herramienta que puede ser necesaria, pero ha optado por una abstención crítica, reclamando medios suficientes, transparencia y una actuación centrada en el bien común de quienes viven en Alicante", ha concluido EU-Podem.