VALENCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado tramitar una proposición de ley de EUPV para derogar la ley de Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, que establece una serie de "privilegios" a estas personas, según ha explicado el diputado de EUPV Ignacio Blanco. El Consell, sin embargo, señala que esta norma puede ser objeto de "reconsideración y análisis", y el 'popular' José Marí reconoce que "se puede afinar". La iniciativa ha contado con el voto contrario del PP, la abstención del PSPV y el apoyo de Compromís y EUPV.
Ignacio Blanco, durante el debate de este punto en el pleno de las Corts ha recordado que los "privilegios" de que disponen los expresidentes son: coche oficial, chófer, dos plazas de asesores --en ambos casos elegidos a dedo--, oficina, servicio de protección y ser miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
De esta manera, ha recordado que se trata de una ley aprobada hace 10 años por PP y PSPV que en aquel momento "no tenía sentido y ahora menos, con la que está cayendo".
Asimismo, ha lamentado que el argumento para mantener estos privilegios sea para "mantener la dignidad institucional" de los expresidentes, cuando "han sido los más indignos los que han hecho uso de estos privilegios: uno ha hundido el Banco de Valencia, otro quería un huevo a sus amiguitos del alma y otro tenía negocios turbios", ha agregado.
Blanco ha preguntado cuánto cuesta la seguridad de Eduardo Zaplana, o los "privilegios" de Francisco Camps, porque EUPV ha pedido información sobre este asunto y no ha recibido todavía respuesta del Consell, ha dicho. A su juicio, "no hay transparencia", ha lamentado.
El 'popular' José Marí ha destacado que ésta es la tercera vez en un año que se debate una iniciativa sobre este asunto en las Corts, a pesar de que "ni interesa ni es importante para los valencianos". De esta manera, ha defendido las concesiones a los expresidentes de la Generalitat porque "son una institución en sí mismos y esa es la dignidad que respeta esta ley, la del pueblo valenciano".
Asimismo, ha señalado que dichas concesiones "no son prebendas, ni privilegios" sino que es una "situación personal que se les concede por su condición de expresidentes", que han hecho un uso "austero, mesurado y medido" de la ley, ha agregado.
ABIERTOS A NEGOCIAR
Por otro lado, el Consell ha mostrado su criterio desfavorable a esta iniciativa, aunque "no se opone" a que esta norma sea "objeto de reconsideración y análisis" porque entienden que las instituciones y su regulación deben estar "siempre al servicio de la ciudadanía". En este sentido, el 'popular' José Marí ha dicho que no ve "ningún problema en la ley, aunque hay cosas que se pueden afinar".
El diputado socialista Rafael Rubio también se ha mostrado abierto a negociar una reforma de este estatuto de los expresidentes, igual que Compromís, que ha reclamado una "mayor regulación" del mismo.
Así, Rubio ha asegurado que no existe "ninguna excusa formal para no modificar esta ley porque la coyuntura política y económica no responde a lo que se aprobó hace 10 años". El PSPV se ha mostrado de acuerdo en que los expresidentes mantengan su puesto en el CJC, pero no el personal y la oficina que se les ofrece, porque eso se cubre, precisamente, con la estructura del órgano consultivo.
La diputada adjunta de Compromís, Mireia Mollà ha pedido regular incompatibilidades con cargos y puestos de trabajo que pueden ocupar los presidentes tras el mandato, así como regular estos privilegios a los expresidentes condenados por corrupción.