El presidente aragonés no cree que tenga que defenderse de acusaciones de insolidaridad por blindar el Ebro

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, dijo hoy que no cree que tenga que defenderse de acusaciones de insolidaridad por blindar el Ebro en el debate de la reforma estatutaria aragonesa en las Cortes, puesto que, a su entender, es "plenamente aceptable y defendible" que Aragón quiera "participar" en la política hidráulica de "su tierra".

"A nosotros nos afectan mucho las políticas relacionadas con el agua, y participar en el diseño de la política hidráulica es fundamental para tener una buena política y garantizar los derechos que tenemos al agua de nuestro territorio. Creo que es plenamente explicable y defendible", dijo en declaraciones a RNE y la cadena Ser recogidas por Europa Press.

La propuesta de reforma aprobada por el Parlamento aragonés pide un acuerdo efectivo entre las Comunidades implicadas en un hipotético trasvase desde el Ebro y, garantiza, en una disposición adicional, una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua para satisfacer las necesidades presentes y futuras de los aragoneses.

Respecto a la elaboración de un informe preceptivo por el Gobierno aragonés ante un posible trasvase, Iglesias recordó que se trata de "un término" que ya se ha aprobado en otros Estatutos que han pasado por el Congreso. Por tanto, añadió, "no tendrá mucha dificultad". "Si se ha considerado procedente en otros, en el nuestro también", manifestó.

"EL SARPULLIDO ADOLESCENTE LO TENEMOS RESUELTO"

Por otra parte, Iglesias negó que el tema identitario haya quedado "orillado" porque mantenga su actual definición de "nacionalidad histórica". "Nosotros ese sarpullido adolescente lo tenemos resuelto y asumimos con absoluta normalidad nuestra pertenencia a Aragón, nuestra pertenencia a España, y queremos estar y estamos cómodos en el proyecto europeo", apuntó.

Además, subrayó que, a través de este proceso de reformas estatutarias, se está "superando esa España de dos velocidades" que, a su entender, "penalizaba de una manera muy evidente aquellas Comunidades que eran más leales, que no tenían problemas identitarios y que estaban cómodas en el conjunto". "Ésas son las autonomías que estos veinticinco años han sido tratadas un poco como menores de edad", agregó.

Al respecto, el presidente socialista aseguró que Aragón, con esta propuesta estatutaria, "gana en autonomía" y coloca a la Comunidad "en el mismo nivel que a sus vecinos" vascos o catalanes. "Este es uno de los problemas que hemos tenido durante 25 años, cómo explicar a los aragoneses por qué Aragón era tratado con más desconfianza a la hora de recibir competencias que Navarra, País Vasco o Cataluña", expuso.

"Resolver esas dos velocidades y colocarnos en el mismo nivel que los demás es un objetivo para nosotros fundamental", aseguró. Dicho esto, Iglesias apuntó que el Estatuto también amplía los derechos de los aragoneses y plantea el "reconocimiento" de una situación nueva relacionada con Europa, con los problemas de la inmigración y la globalización.

"LA REALIDAD TRILINGÜE NO QUEDA FUERA"

Respecto al reconocimiento de las tres lenguas, castellano, aragonés y catalán, que de momento ha quedado fuera del texto estatutario, Marcelino negó que ésta sea una cuestión menor y apuntó que "el hecho de que no se enumeren las diferentes lenguas que se hablan en Aragón, no es que se queden fuera, porque --explicó-- nosotros estamos enseñando desde hace 20 años en las escuelas estas lenguas y no hay absolutamente ningún problema".

"Es más, añadió, el Estatuto refuerza el derecho de los hablantes bilingües a utilizar sus propias lenguas y nos obliga a desarrollar una Ley de Lengua para reconocer esos derechos y la pluralidad lingüística como un valor patrimonial importante. Damos un paso adelante en ese reconocimiento y en esos derechos", aseveró.

Por último, respecto al Archivo de la Corona de Aragón, el dirigente socialista afirmó que su Comunidad no quiere que dicho archivo se divida, sino que éste "esté regido" por un Patronato en el que participen las cuatro Comunidades implicadas, Cataluña, Baleares, Valencia y Aragón.