Llaman la atención al ministerio y comunidades autónomas por el "abandono" en el que se encuentran los Registros Civiles
VALENCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las 17 comunidades autónomas, reunidos desde el pasado martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia, consideran que la solución "más adecuada" ante las "serias disfunciones" que, como "tónica general", presentan los juzgados de violencia sobre la mujer, creados desde hace casi un año, sería la de comarcalizar estas instancias de manera que se creen nuevos órganos "exclusivos con circunscripción comarcal, que abarque a varios partidos judiciales".
Para ello, según la declaración institucional acordada por unanimidad por los presidentes de los TSJ, se debe partir del estudio de los datos estadísticos, de la proximidad geográfica entre partidos y del índice demográfico. La premisa "esencial" que debe tenerse presente es que la entrada de asuntos en estos juzgados, dada su "complejidad", se cifre como máximo entre los 700 y 800 procedimientos penales al año, con sus consiguientes derivados civiles.
Durante estos días, los presidentes de los TSJ han analizado distintas cuestiones relacionadas con la actividad judicial como, por ejemplo, el incremento de trabajo en los Registros Civiles por la llegada de inmigrantes; la 'Transferencia de competencias en materia de Justicia a comunidades que todavía no las tienen', 'Jueces sustitutos', 'Revisión del estatuto de los presidentes de TSJ', 'Demarcación y planta judicial' o la 'Nueva oficina judicial'.
El presidente del TSJ de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, fue el encargado de leer las conclusiones del encuentro durante el acto de clausura en el que estuvo acompañado por el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, y el vocal delegado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Valencia, Luis Aguiar. Entre ellas, De la Rúa destacó la "manifiesta preocupación" de los jueces ante el "lacerante" problema de la violencia de género y la constatación de "situaciones enteramente desiguales" en los juzgados creados hace un año para tal fin.
Así, los presidentes consideran que algunos juzgados están funcionando adecuadamente aunque existen "serias disfunciones" en la mayoría motivadas por una carga de trabajo "inabarcable" y por la dificultad de compatibilizar la atención de todos los asuntos de los que se ocupan. Entre los problemas, citaron prolongaciones de la jornada laboral; suspensiones de diligencias señaladas que afectan sobre todo a las vistas de los asuntos civiles; retrasos en la tramitación de otras causas y un "desgaste personal" de los funcionarios que aboca "a su desánimo".
En este sentido, junto con el incremento de plantilla o la comarcalización propuesta, sostienen que estos órganos deberían dotarse de ministerio fiscal y abogados de oficio propios, con un funcionariado "específicamente preparado" para tramitar estas cuestiones, compensado económicamente y con medios materiales.
REGISTROS CIVILES
En relación con la ponencia sobre Inmigración y su repercusión en los Registros Civiles, los presidentes "llaman la atención" tanto del ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas con competencias transferidas por "el abandono en el que se encuentran" estas instancias, cuya modernización reclamaron ya que "constituyen la necesaria garantía del estado civil de las personas".
En este sentido demandaron la adecuada dotación de los medios materiales; la conexión informática entre ellos y la "necesaria unificación de los criterios a la hora de interpretar la normativa aplicable". Asimismo, creen necesario especializarles en determinados temas en los que el fenómeno inmigratorio es "más acuciante" y donde las inscripciones de nacionalidad y expedientes matrimoniales se "multiplican" para evitar demoras".
Sobre la nueva oficina judicial, señalan que cualquier diseño "debe partir de su carácter auxiliar y al servicio de la función jurisdiccional". Al respecto, sostiene que la existencia de distintos órganos (CGPJ, Ministerio y comunidades) que concurren en este diseño pueden "plantear importantes distorsiones si no se cuenta con mecanismos de coordinación adecuados".
Los presidentes subrayaron la necesidad de que se diferencie la función organizativa (de secretarios judiciales) y las jurisdiccionales que les corresponden y añadieron que no es "ajustada ni conveniente" considerar que se puede "desapoderar totalmente" al juez de la intervención en la tramitación procesal.
En cuanto al régimen de sustituciones, los presidentes consideran que la cobertura transitoria de plazas judiciales por vacantes, licencias o permisos, debe ser provista con la creación de destinos específicos --jueces volantes-- dentro de la carrera judicial. Mientras, piden que se acomode la planta judicial a la carga de trabajo real para facilitar la sustitución ordinaria interna y que el ministerio adopte la partida presupuestaria que habilita los llamamientos de jueces sustitutos a las necesidades reales de cobertura de plazas.
Los presidentes también creen conveniente potenciar las competencias de los órganos de gobierno del poder judicial en una posible revisión de la demarcación y planta judicial y reiteraron su petición de que se culminen los procesos de transferencias pendientes en materia de medios de la administración de Justicia.
