El PSOE presentará una proposición No de Ley para que el ICO perdone los intereses a los afectados por la riada de 1987

Actualizado: viernes, 16 junio 2006 16:10

VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en el Congreso de los Diputados Ricard Torres presentará en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una Proposición no de Ley para condonar en gran parte los intereses a los afectados por la riada de 1987 y darles más facilidades. De este modo, se pretende ayudar a los afectados que todavía tienen créditos pendientes que "generalmente están impagados" y que estaba ejecutando el Banco Bilbao Vizcaya.

Torres explicó que esta Proposición No de Ley, que se presentará en la Comisión de Economía y Hacienda para su debate, servirá para "regularizar la situación, de una vez por todas" y también para "ayudar a los afectados a que los intereses que están acumulados en gran parte se condonen y sobre todo se les den nuevas facilidades".

Así, el objetivo es "conseguir que a los afectados les den un crédito adicional de cinco años para salvar la situación de agricultores y afectados realmente modestos que se han visto en grandes dificultades para devolver los créditos". "Creemos que es una medida de justicia social y estamos satisfechos de poder contribuir a ésta ayuda", apostilló.

La Preposición propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que faculte al Instituto de Crédito Oficial para que facilite la resolución amistosa y negociada de las deudas pendientes procedentes de la concesión de créditos extraordinarios por las riadas ocurridas en 1987, para aquellos acreditados que lo soliciten.

Así, el etxto establece que se debe fijar la posibilidad de recalcular los intereses devengados por las operaciones de acuerdo con los tipos de interés de mercado en cada momento de la operación, teniendo en cuenta los criterios de las resoluciones judiciales y estableciendo una línea de préstamos de mediación para facilitar el pago de la deuda en los términos del apartado anterior, que permita el aplazamiento de la misma por un plazo máximo de cinco años.