VALNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha celebrado el sobreseimiento provisional del procedimiento que investigaba presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar --la consultora que trabajó para el PSPV y ha sido investigada en varias causas-- como "un punto y final a toda la farsa del PP y de (José) Císcar", el entonces diputado del PP en Les Corts que aportó la documentación.
Se trata del último caso cuya instrucción permanecía abierta por la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís, archivado por la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. "Confirma que no ha habido ninguna trama en el PSPV-PSOE", ha recalcado el socialista a través de un comunicado.
Con esta decisión, ha afirmado que "los tribunales entierran las mentiras con las que el PP intentó ensuciar el nombre de los socialistas valencianos". "El PP ha creído que somos todos iguales, y ha quedado demostrado que no", ha aseverado.
El también diputado en Les Corts ha hecho hincapié en que "la financiación del PSPV-PSOE es impoluta", mientras cree que "ellos no pueden decir lo mismo". A su juicio, "todas sus mentiras las han pagado en las urnas", pues considera que "la ciudadanía les ha castigado estas elecciones enviándolos estos cuatro años al rincón de pensar".
"Ninguna de las falsedades del PP puede esconder las réplicas de la corrupción que estamos viviendo estos últimos años, ya que los 'populares' siguen adosados a ese legado indigno al que nos hipotecaron", ha enfatizado. Por contra, Muñoz ha garantizado que los socialistas seguirán "trabajando para limpiar y dignificar las instituciones valencianas".
Estas diligencias estaban abiertas por la posible comisión de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se ha archivado provisionalmente a petición de los acusados, la Abogacía del Estado --que representaba a otros de los hasta ahora imputados-- y con la adhesión de Fiscalía y frente a la oposición de la acción popular, el PP y diputados del grupo 'popular' en Les Corts.
La jueza concluye que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos". En todo caso, la instructora ha acordado remitir las actuaciones llevadas a cabo en la investigación al Tribunal de Cuentas por si existiese responsabilidad contable.
En esta causa se investigaba un expediente del Ministerio de Vivienda del año 2008 relativo al adjudicación de un concurso a la empresa de comunicación Crespo Gomar para la realización de la creatividad de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan Estatal 2009-2012, que tenía el objetivo de favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. El importe del contrato fue de 126.000 euros.
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