Soler anuncia que su grupo parlamentario presentará un proposición no de ley para que los procesos de evaluación externa incluyan las variables socioeconómicas y culturales
VALENCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, afirmó hoy que la evaluación diagnóstica censal elaborada por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia es una "chapuza integral" ya que la prueba fue "un examen ordinario de los que hacen los profesores cualquier día en los centros" que no contó con "criterios claros, ni objetivos" y que tampoco "estudió la situación socioeconómica de los alumnos y los centros".
En este sentido, Miguel Soler, en la rueda de prensa de valoración de los resultados, señaló que el estudio no tuvo en cuenta "ninguna de las variables que todos los informes nacionales e internacionales plantean como requisitos para poder hacer una prueba seria que permita conocer el nivel de los alumnos en las competencias básicas, en este caso, de lengua y matemáticas".
Explicó que ésta es "la primera prueba nacional o internacional donde no hay diferencias en función del nivel socioeconómico y cultural de las familias" y señaló a modo de ejemplo los resultados del programa internacional de evaluación del estudiante (PISA), que, dijo, muestran que en España la diferencia entre la enseñanza pública y privada es de 32 puntos, mientras que "si se detrae el factor del nivel sociocultural del alumno la diferencia baja a 26 puntos, y si a continuación se detrae el factor del nivel sociocultural de los centros, la diferencia es insignificante, de 1 punto".
En esta línea, destacó que el "primer factor que más influye en todos los estudios internacionales" es el nivel de formación de la madre, ya que, apuntó, "según el PISA, en España el hijo de una madre con estudios obligatorios tiene de media 471 puntos, y el hijo de una madre con estudios universitarios 514 puntos, lo que supone 43 puntos de diferencia". Para Soler, este factor, que es "obligatorio" en cualquier estudio internacional, "no se ha hecho en el estudio de la conselleria cuando es necesario para saber su incidencia en los resultados y establecer comparaciones entre centros que tienen el mismo contexto".
A su juicio, otro factor "importante" es la escolaridad previa, puesto que, dijo, el informe PISA muestra que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los alumnos que han cursado educación infantil durante un año o menos sacan 458 puntos, y en cambio los que han estudiado más de un año ya suben 33 puntos hasta llegar a los 491, apuntó.
Miguel Soler sostuvo asimismo que una prueba para medir el nivel de competencia de los alumnos "no saca medias", ya que "entonces se camuflan las cosas que van mal, cuando el objetivo de estas pruebas es saber dónde hay dificultades y poder intervenir para resolverlas", aseveró. Además, consideró que hay que intervenir en Primaria para resolver los problemas que de otro modo llegarán a la enseñanza Secundaria.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Por lo que respecta al resultado de las pruebas, Soler afirmó que la prueba de la conselleria carece de "fiabilidad", ya que, señaló, sus resultados muestran que el 25 por ciento de los alumnos obtiene calificaciones entre 0 y 7 y el 75 por ciento entre 7 y 10, mientras que el informe PISA indica que "el 92 por ciento de los alumnos españoles está entre 0 y 7 y el 8 por ciento entre 7 y 10". No obstante, especificó que la prueba no miente con los resultados, sino que "lo que han hecho no es una prueba de evaluación, sino un examen vulgar y ordinario".
También resaltó que la prueba muestra que "sólo" han suspendido matemáticas el 9,5 por ciento de los alumnos, y lengua el 6,5, pero, en cambio, "al finalizar la educación primaria tienen problemas en matemáticas en torno al 25 por ciento de los alumnos, y al final de la Secundaria el 31 por ciento no obtiene el título de graduado por las matemáticas". Por este motivo, Soler manifestó que si los resultados son fiables, habría que concluir "qué mal lo hacen los profesores de segundo a sexto".
En este sentido, apuntó que la conselleria dictó una orden hace unos años por la que los alumnos de Primaria podrían repetir curso al acabar sexto o "excepcionalmente al acabar cuarto", pero, en su opinión, "cuando más suele hacer falta que un alumno repita curso es al acabar segundo de Primaria porque es cuando se consolida un proceso de lectura, escritura o cálculo básico".
Asimismo, Soler criticó la afirmación de que no hay diferencias entre la enseñanza pública y la concertada --como ayer manifestó el profesor de la Universitat de València, José Manuel Tomás, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de las pruebas--, y sí "con el alumnado de necesidades educativas especiales y con los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo, por tanto con los alumnos inmigrantes". Al respecto, resaltó que "si más del 80 por ciento del alumnado con dificultades, tanto inmigrante como de educación especial, está escolarizado en centros públicos y no hay diferencias entre la enseñanza pública y la concertada, entonces los centros públicos lo han hecho infinitamente mejor que los concertados para compensar el hecho de que tienen un montón de alumnos de educación especial e inmigrantes", aseveró.
Además, criticó que "la Comunitat Valenciana no quiso participar en la muestra ampliada de PISA 2006, en la que participarán 58 países y 10 comunidades autónomas españolas". Soler valoró que esta iniciativa permitiese establecer comparaciones con las 10 CCAA, además de con otros países, para ver "en qué aspecto se está mejor, en cuál peor, y en qué hay que cambiar".
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Por otra parte, el secretario de Educación del PSPV anunció que su partido presentará mañana una proposición no de ley en la que plantean que para pruebas sucesivas "se explicite con claridad el objetivo y el procedimiento que se va a llevar, y se contemple, entre las medidas a desarrollar, la organización de actividades de refuerzo para los alumnos desde el inicio de la Educación Primaria".
El proyecto también contempla que se realicen los estudios pertinentes para determinar el contexto sociocultural de los alumnos y los centros, y que, en función del resultado, "se dote de más recursos humanos y económicos a los centros que escolaricen un mayor número de alumnos con dificultades" para, de este modo, "compensar las desigualdades de origen".
Además, la proposición recoge que se ha de informar "en condiciones" a la inspección de educación, a los directores, al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa de los procesos de evaluación en todas sus fases, y que una vez recogidos los resultados presenten un plan de mejora de las cuestiones relevantes en un plazo de cuatro meses.
