Comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE
ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSPV de la Diputación de Alicante ha afirmado que la gestión del bono comercio estaba "completamente articulada y preasignada" a la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) "incluso antes de la puesta en marcha oficial del programa".
Así lo ha señalado este miércoles en un comunicado, en un contexto marcado por el hecho de que el presidente de Facpyme, Carlos Baño, quien además preside la Cámara de Comercio de Alicante, figura como único imputado en la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión de este programa de la Diputación para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023.
La causa está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifra de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.
Baño comparecerá el próximo 27 de abril en la comisión de investigación sobre este programa que quedó constituida el pasado lunes en la Diputación de Alicante, según confirmó la vicepresidenta Ana Serna, del PP.
El grupo socialista cree que se vulneraron "los principios de transparencia, concurrencia y buena gestión de los fondos públicos". Además, ha indicado que "la propia Diputación de Alicante ya recogía en su anuncio" del bono de 2024 que Facpyme sería "la entidad que colaboraría en el desarrollo de esta iniciativa".
Asimismo, ha apuntado que, "en paralelo, desde la propia organización empresarial se afirmaba en sus comunicaciones" que "la campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros la desarrollaría la Cámara de Comercio y Facpyme" y "dando por hecho un papel que, según los socialistas, debía haberse determinado mediante un procedimiento público y garantista".
"El problema no es solo lo que se hizo, sino cómo se hizo: se diseñó todo un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos antes incluso de que el programa echara a andar", ha afirmado el diputado socialista Raúl Ruiz.
Desde el grupo socialista han subrayado, además, "que esta subvención fue aprobada a través de una modificación de crédito, lo que, unido a las declaraciones públicas tanto de la Diputación como de Facpyme", según el PSPV, "refuerza la idea de que todo el proceso estaba previamente acordado".
"CRONOLOGÍA"
También ha apuntado que existe una "cronología de los hechos" que consideran "determinante" para entender la situación: "El 10 de mayo de 2022 se aprueban las bases del bono comercio. El 29 de junio de 2022, Carlos Baño Marhuenda es elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y, apenas 14 días después, el 13 de julio, se constituye como administrador único a la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada a la gestión de este tipo de campañas".
"Estamos hablando de un margen de apenas dos meses entre la aprobación de las bases y la creación de la empresa que acabaría gestionando los bonos. Es una secuencia que, como mínimo, resulta extremadamente reveladora", ha señalado Ruiz.
Y ha proseguido el PSPV: "A finales de ese mismo año, Nexo Retail declaró beneficios superiores a 663.000 euros derivados de la gestión de los bonos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, un dato que llamó la atención de la Agencia Antifraude. Además, en agosto de 2022, Facpyme presumía públicamente de gestionar el bono consumo en 27 municipios de la provincia".
"RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE MAZÓN Y PÉREZ"
Según el grupo socialista, esto refleja "un escenario claro de planificación dirigida" que "apunta directamente a la responsabilidad política" de "Carlos Mazón y Toni Pérez", expresidente y presidente de la Diputación, respectivamente, "y a la gestión vinculada a la Cámara de Comercio". "Los datos y la cronología muestran con claridad meridiana de qué manera y en beneficio de quién fue organizada toda esta trama", ha afirmado Ruiz.
"El señor Toni Pérez ya ha salvado a Carlos Mazón de comparecer en la comisión de investigación, así como a todos los alcaldes del PP. Un total despropósito. Tiene que dejar de echar balones fuera, tener un mínimo de decencia y responsabilidad pública y política y dar explicaciones sobre por qué desde la Diputación se permitió (o incluso se favoreció) que la gestión de estos fondos acabara en manos previamente determinadas", ha añadido el diputado socialista.
Y ha concluido: "Lo que está en juego no es solo un programa concreto, sino la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos se gestionan con rigor y limpieza".