Actualizado 14/01/2016 18:35 CET

Los registros en la 'trama del fuego' incluyeron aeropuertos y despachos profesionales

   VALENCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Los registros practicados en la segunda fase de la 'trama del fuego', relacionada con presuntos amaños en contratos de extinción de incendios con empresas del sector aéreo, incluyeron 20 registros en siete comunidades distintas, entre ellos, dos aeropuertos, dos despachos profesionales, tres domicilios y 11 mercantiles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Esta causa parte de la investigación iniciada el pasado año por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), cuando la Policía detuvo a finales de mayo a 10 personas, entre ellas, al exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano y al presidente de la empresa Avialsa, Vicente Huerta. Ambos coincidieron en cacerías.

   Las diligencias se declararon secretas en ese momento, y este miércoles se ha desplegado la segunda fase de la operación, ahora de ámbito nacional. Se investiga si una veintena de empresas amañaron concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional --Italia y Portugal--.

   La segunda fase se saldó ayer con una veintena de detenciones más, dos de ellas por orden del juez: el ex director general de Interior de la Generalitat Valenciana Pedro Hidalgo, por presuntamente haber recibido como obsequio un vehículo de la trama; y otro alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Ninguna de estas dos personas ha pasado este jueves a disposición judicial ni está previsto que lo hagan hoy.

   Así mismo, la operación, desarrollada por el Grupo 24 de la Udef por orden del juez instructor, se saldó con dos altos cargos de la Generalitat de Cataluña arrestados --en este caso se trataba de detenciones policiales--.

   También se practicaron 20 registros en empresas y viviendas de siete comunidades: la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid.

   En concreto, en la Comunitat Valenciana se registró el domicilio de Hidalgo y dos empresas más, una de ellas ubicada en Valencia y otra en la localidad alicantina de Mutxamel. Pero las localidades en las que hubo más registros fueron Andalucía y Cataluña.

   En el primer caso, Andalucía, se registró el aeropuerto de Córdoba; un despacho profesional ubicado en Utrera (Sevilla); y otras cinco empresas localizadas en Sevilla, Utrera, Córdoba, Marbella y mairena de Aljarafe.

   En el caso de Cataluña, se registró el aeropuerto de Sabadell; la vivienda del alto cargo detenido por orden judicial y la de otro de los altos cargos detenidos por la Policía, en Barcelona; así como el Parque de Bomberos de Sant Boi de Llobregat y el de Cerdanyola del Vallès.

   Así mismo, los registros se extendieron a Madrid, en concreto, a un despacho profesional de la localidad y a dos empresas, una de ellas erradicada en Cuatrovientos y otra en Pozuelo de Alarcón. En Baleares también se registró una empresa de Palma de Mallorca y en Extremadura otra mercantil de Badajoz.

   Esta causa, en la que se baraja un fraude de millones de euros, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

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