VALENCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado Jorge Carbó, representante del PP --formación imputada como figura jurídica en la pieza separada del 'caso Imelsa' en el que se investiga el presunto blanqueo en el grupo 'popular' municipal en el Ayuntamiento de Valencia--, ha asegurado en su declaración ante el juez que instruye la causa que el partido, a nivel nacional, no permite donaciones en campaña electoral.
Además, ha afirmado que Génova no tiene la obligación de controlar todas las "cuentas periféricas" de las formaciones regionales y, para justificarlo, ha citado una resolución del Tribunal de Cuentas en 2013, que eximió a los partidos de hacerlo y ha llegado a leer dicho informe, según han relatado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
Así se ha expresado el también asesor jurídico del PP en la ciudad de Valencia y del de la Comunitat en su comparecencia celebrada este viernes ante el juez que instruye esta pieza separada del 'caso Imelsa'. En su declaración en representación del PP, Carbó únicamente ha respondido a las preguntas del ministerio fiscal y del letrado que le ha asistido, Jesús Santos, que ejerce de defensa del partido y es ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
Según han señalado las fuentes consultadas por Europa Press, el compareciente ha declarado numerosas formalidades durante su intervención y ha explicado los estatutos del partido. Carbó ha defendido que las cuentas del PP de Valencia y del grupo municipal 'popular' son "independientes" de las nacionales y que controlan la oficial pero no tienen obligación de hacer lo mismo con otras que tengan las formaciones regionales.
En este sentido, ha negado que el PP nacional tuviera conocimiento de una de las cuentas que se investigan en esta pieza, en la que según han relatado algunos miembros de la formación en Valencia, se ingresaba el remanente de la lotería del grupo municipal. Además, ha asegurado que Génova no tiene control sobre las donaciones que reciben las formaciones 'populares' en el resto de España.
"NADA EN EFECTIVO"
Asimismo, ha afirmado que en el PP valenciano los militantes pagaban "hasta la última cuota" por vía bancaria, pero "nada en efectivo", y ha señalado a la ex secretaria del grupo municipal 'popular', María del Carmen García Fuster, como administradora económica y última responsable de las cuentas investigadas.
Su letrado le ha preguntado por las conversaciones intervenidas por la Policía entre la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en la que hablaban de supuestas mordidas por la restauración de las Torres de Serranos de Valencia y otros proyectos. A este respecto, ha sostenido que el PP nacional desconocía este asunto.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'Caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El instructor remitió al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora, para que decida sobre su posible imputación.
