VALENCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de la Comunidad Valenciana Lares, José Pascual Bueno, defendió hoy que los enfermos mentales "no deberían estar en las residencias de ancianos" y, "si son mayores, deberían contar con módulos específicos o de alta dependencia".
Pascual Bueno se pronunció de esta manera, en declaraciones a los periodistas, tras comparecer en la Comisión Especial de Estudio de las Situaciones de Dependencia de las Cortes Valencianas y en respuesta a una pregunta sobre el hecho de que la residencia de la tercera edad de Massamagrell (Valencia) en la que el pasado 28 de marzo fallecieron cinco personas como consecuencia de un incendio no tuviera licencia para albergar a enfermos mentales.
El presidente de Lares --asociación que integra a entidades y congregaciones religiosas-- destacó que los enfermos mentales "no deberían estar en las residencias de ancianos" o, al menos, según señaló, "dentro de las residencias debería haber módulos de alta dependencia o específicos para esos ancianos".
Así, señaló que Lares --asociación a la que la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell, donde sucedieron los hechos, no pertenece, según precisó-- acoge a ancianos con problemas mentales, pero se encuentran ubicados en "los sitios adecuados dentro de las residencias", ya que, según señaló, "esto es como en un colegio; no se mezcla el niño de primaria con el niño de secundaria".
También apuntó que la Conselleria de Bienestar Social "tiene problemas de ubicación de los enfermos mentales"; "por lo visto faltan sitios" para estas personas y, por ello, dijo, estaban ubicados en San Lorenzo de Brindis.
A este respecto, indicó que si no hay espacios específicos para atender a estar personas y la conselleria "cree que somos un recurso", debería estar organizado, ya que, dijo, "no es llegar el enfermo mental y ocupar una plaza más".
APORTACION ECONOMICA PARA FAMILIARES
Por otro lado, Pascual Bueno reclamó, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, que los familiares que cuidan a las personas con dependencia reciban por parte de la Administración "una aportación económica justa", ya que, según denunció, las personas que atienden a sus familiares "son las que menos reciben".
Al respecto, propuso que cuando estas personas --en su mayoría "amas de casa que no tienen otro trabajo" y que habrían adquirido una experiencia y una formación, subrayó-- concluyeran su prestación se incorporaran a una bolsa de trabajo de ayuda domiciliaria, de forma que la prestación pasaría de ser informal a formal y de familiar a profesional. Indicó que en otros países como Francia se está intentando implantar un modelo similar.
Por otro lado, el gerente de Lares, Javier Galiano, señaló que la falta de personal con las titulaciones adecuadas, tanto de médicos como de auxiliares de enfermería, en las residencias se está convirtiendo en un "verdadero quebradero de cabeza" y, por ello, demandó a la Administración que articule políticas para posibilitar que estos centros puedan cumplir las ratios de personal establecidas. Asimismo, se mostró "más partidario del concierto que del bono-residencia porque ofrece más garantía y viabilidad de futuro", subrayó. "Nuestro ideal es el concierto, bajo una regulación, revisión y cumplimiento de la normativa", agregó.
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