Critica el desfase en litigiosidad, y De Rosa aboga por estudiar las tasas judiciales para que los ingresos se destinen a Justicia
VALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, afirmó hoy, en su intervención en la apertura del Año Judicial, que los jueces y magistrados trabajan y lo seguirán haciendo "sometidos únicamente al imperio de la ley", ajenos "a todo tipo de presiones e, incluso, maledicencias".
De la Rúa fue uno de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que votó favorablemente para sobreseer la causa valenciana del 'caso Gürtel', en la que estaba imputado el presidente de la Generalitat valenciano, Francisco Camps. Tras ello, el grupo Compromís le denunció por prevaricación y el PSPV también criticó su estrecha relación con el jefe del Consell.
El presidente del TSJCV, que en ningún momento hizo referencia al 'caso Gürtel', indicó, sin embargo, que "siempre ajenos a todo tipo de presiones e, incluso, de maledicencias, hemos trabajado y seguiremos haciéndolo sometidos únicamente al imperio de la ley", que es la que, a su juicio, "justifica las dos ideas que condicionan la actuación: la independencia y la responsabilidad en el ejercicio de la facultad jurisdiccional". Mostró su deseo de poder hacerlo "con el sosiego que demanda una eficaz tutela judicial efectiva".
De la Rúa decidió concluir con estas palabras su discurso, tras lo que recibió una gran ovación por parte de los congregados, que en esta ocasión ascendía a unos 120 jueces. Como autoridades, estaban presentes el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa; la portavoz, Gabriela Bravo; el fiscal superior de justicia de la Comunitat, Ricard Cabedo; el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta; y la consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Este año, Francisco Camps no asistió al acto, algo que, según Sánchez de León, se debió a que tenía un acto previo y le era imposible asistir.
El resto de su intervención, De la Rúa se centró en reflexionar sobre el estado que presenta la Administración de Justicia, y aseveró que la Comunitat posee uno de los mayores índices de litigiosidad --que mide el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes--. Sin embargo, en lo que afecta al número de magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes, "año tras año ha ocupado el decimoquinto lugar en el panel de comunidades".
Por ello, lamentó que la Comunitat "ostenta el mayor desfase proporcional de todas las autonomías, lo que determina que ocupe el primer lugar en el promedio de asuntos por órgano judicial, en torno a los 2.900". Así, recordó que el número de asuntos ingresados "siempre en incremento" ha pasado de 997.962 en 2006 a 1.068.834 en 2008.
Ante esta situación, De la Rúa resaltó que tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia en coordinación con las comunidades autónomas encaran con una visión integral el nuevo proyecto tendente a lograr, de una vez, la tan desea modernización de la Justicia. Afirmó que del análisis de sus planes se infieren "apuntes dignos de una valoración positiva".
También resaltó la puesta en marcha del Plan Estratégico de la Comisión, que tiene que estudiar la revisión de la planta y demarcación judicial, ya constituida y en funcionamiento. No obstante, en este punto, aseguró no entender que se hagan unas previsiones en orden al incremento del número de órganos judiciales así como del número de jueces que, por razón del lapso temporal en que se prevén, tres años, "pueden manifiestamente contravenir las conclusiones, dado el elevadísimo volumen de asuntos que se registran".
Por su parte, Fernando de Rosa, quien resaltó también la puesta en marcha del Plan de Modernización de la Justicia y apostó por la implantación de la nueva Oficina Judicial, abogó por estudiar una posible extensión de las tasas judiciales "introduciendo mecanismos para que los ingresos generados destinados a la financiación de la Administración de Justicia".
Pidió debatir sobre la despenalización de determinadas faltas, sobre una racionalización de la segunda instancia y sobre los criterios de la condena en costas en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social, y sobre la utilización del procedimiento monitorio en otras materias como el desahucio por falta de pago de la renta, entre otras cuestiones.
Por otro lado, hizo referencia a la "necesaria" reestructuración de la demarcación y planta judicial, "adaptándola a la evolución del territorio y de la sociedad en que radican los órganos judiciales, y que debe girar en torno a tres elementos básicos: el número de juzgados y tribunales, el tipo de órganos jurisdiccionales y su distribución territorial".
PRESENCIA DE FISCALES
Por su parte, Ricard Cabedo, que hizo un resumen de la evolución de la criminalidad en la Comunitat y de la situación del ministerio público, señaló que "se está desarrollando la planta del ministerio fiscal" tras la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, y aseveró que, en la actualidad, la autonomía cuenta con 224 fiscales, frente a los 179 de 2005, es decir, un 25,13 por ciento más.
No obstante, matizó que hay que profundizar en otros aspectos, como en la presencia permanente de fiscales en todos los partidos judiciales. Recordó que en el caso de la provincia de Castellón, hay cinco partidos, mientras que los fiscales sólo se encuentran en dos, en el de la ciudad y el de Vinaròs; en la provincia de Valencia, hay 18 partidos, y tan sólo presencia de fiscales en seis; y en la provincia de Alicante, hay 10 en 13.
