El 'yonki del dinero' y el exsuegro de este último son otros de los acusados
VALNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus se volverá a sentar a partir del martes, 25 de abril, en el banquillo de los acusados por otra pieza de la macrocausa de Imelsa, en esta ocasión, relacionada con presuntas irregularidades en el servicio de 'Call center'. Hace algo más de un mes concluyó el primer juicio al que se ha enfrentado Rus, el de los 'zombies', en el que defendió su inocencia.
La vista por esta pieza (D) --la tercera que se juzgará-- arrancará en la Audiencia de Valencia el martes y está previsto que se prolongue hasta el 5 de junio, según el calendario provisional al que ha tenido acceso Europa Press. En total, serán 19 sesiones de juicio, que comenzarán a las 10 horas.
La primera pieza de Imelsa que se juzgó, la relativa a Thematica, concluyó con una condena de siete años y diez meses de prisión para el que fuera gerente de la extinta empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado 'yonki del dinero' Marcos Benavent, que en este caso también acompaña a Rus en el banquillo.
La segunda pieza juzgada --sobre la que todavía no hay sentencia-- fue la de las piezas B y F del caso Imelsa, relativa a los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa. En esta pieza Rus tuvo que sentarse por primera vez en el banquillo --se enfrenta a 12 años de prisión-- y aprovechó para negar irregularidades. También dijo que había "mala fe" contra él y criticó que hubiera un "juicio político" con una sentencia "ya puesta" antes de sentarse ante la Audiencia.
Este martes regresará al banquillo junto a Benavent --quien afrontará su tercer juicio por Imelsa--, el exsuegro del 'yonki', Mariano López, y otras cinco personas más.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.
Los otros seis acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.
LOS HECHOS
Según mantiene la Fiscalía, los hechos se remontan a junio de 2012, cuando el exsuegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa --Servimun S.L.-- un contrato público de gestión tributaria de servicios.
El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.
En este proceso, Benavent, "conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación", no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección "como estaba ordenado y convenido por Rus con López".
En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación, según Fiscalía.
Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición "totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa", puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.
Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del exsuegro de Benavent.
Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue "defectuoso" y "fracasado" desde un principio. Se pagó por trabajos no hechos.
En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la "farsa" de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la "inutilidad" del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.
Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas S.L., para hacerse con el dinero procedente de la contrata "simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas".
La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa.
Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.
