Sánchez de León confía en que el Gobierno no "ningunee" a las autonomías cuando adopte acuerdos sobre función pública

Actualizado: lunes, 16 noviembre 2009 17:56

Pide "comunicación" entre administraciones y se muestra a favor de que el Estado no "imponga" los acuerdos sindicales a las autonomías

VALENCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, subrayó hoy que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, a la que asistió hoy en Madrid, "respondía a una demanda de las comunidades autónomas al Gobierno", de manera que llega "tarde" y "a petición de las autonomías", pues "hacía dos años que no se convocaba". En este foro, señaló que confía en que en Gobierno central no "ningunee" a las autonomías cuando adopte acuerdos sobre función pública

Al respecto, se mostró "satisfecha" de que finalmente haya sido convocada y expresó su "confianza" en que sea "un cauce para plantear demandas y que no se tomen los acuerdos en materia de administraciones públicas, como hasta ahora, ninguneando a las comunidades", informó la Generalitat en un comunicado.

Sánchez de León se refirió así durante la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, que presidió la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega. Durante la reunión, el Gobierno planteó dos decretos sobre seguridad y interoperabilidad.

En este sentido, consideró "necesarios" estos dos decretos, aunque "también llegan tarde", apostilló la consellera, quien indicó que las comunidades han tenido que ir "avanzando en ese y en otros caminos" porque "la Ley de Administración Electrónica fija como plazo enero del 2010 para que todas las administraciones estén preparadas para poder prestar ese derecho de acceso electrónico a las administraciones".

Asimismo, explicó que "se ha aprobado la necesidad de establecer un reglamento que regule las mesas de negociación sindical" y, al respecto, manifestó que es "necesario" que los acuerdos sindicales "no sean un instrumento bilateral únicamente entre la administración del Estado y los sindicatos", que luego se impongan a las autonomías, "como venía ocurriendo hasta el momento", lamentó.

BUROCRATIZACIÓN

"Nosotros no creemos en la burocratización de esos acuerdos sindicales, sino que pensamos que debemos formar parte, porque al final tienen una aplicación directa en nuestras autonomías", añadió Sánchez de León.

La consellera citó algunos ejemplos de acuerdos que afectan a la función pública en cada autonomía, como "el establecimiento de normas en materia de seguridad informática, la regulación de la firma electrónica, o los esquemas de seguridad que tienen que tener los procesos para dar toda la fiabilidad a los ciudadanos que operan telemáticamente con la administración".

De igual modo, se refirió a la interoperabilidad y explicó que "al final, el ciudadano tiene que poder relacionarse indistintamente con la administración local, autonómica o del Estado, de forma que, por ejemplo, la aportación de datos que ya conste en una de las administraciones no tenga que duplicarla o triplicarla".

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Agregó que "las nuevas tecnologías nos van a permitir simplificar muchísimo los trámites de cara al ciudadano y eso requiere establecer unas plataformas de interoperabilidad y que todas las administraciones estén comunicadas".

Por ello, la consellera confió en que "a partir de ese momento" se puedan encontrar "esos cauces de colaboración mutua que permitan que en una materia tan importante como la función pública, las cosas se hagan de forma multilateral y no sólo bilateral", insistió.

Al término de su comparecencia, Sánchez de León solicitó que la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no existe fecha, sea "lo antes posible" porque, según dijo, "estamos en un momento de cambio en la forma en que se presta el servicio de la función pública al ciudadano, un cambio importantísimo que es necesario aprovechar para crear de verdad una función pública más moderna, más eficaz, más rápida, más ágil, más cercana, más transparente y que redunde en beneficio del ciudadano, que es el último destinatario".